Fiscalidad

El Gobierno desautoriza al ministro Escrivá y asegura que no va a centralizar impuestos

Isabel Rodriguez, portavoz del Gobierno.
Isabel Rodriguez, portavoz del Gobierno.

El Gobierno garantiza que no centralizará impuestos ante los anuncios de comunidades del Partido de Popular de rebajar o eliminar algunos de ellos, pero critica estas decisiones porque afirma que acabarán repercutiendo en el bienestar de los ciudadanos.

Después de que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, avanzara que eliminará el impuesto del patrimonio en su comunidad, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se mostró partidario de una mayor centralización fiscal del Estado para evitar el "despropósito" de la competencia tributaria entre comunidades.

Sin embargo, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes, ha recordado que el propio Escrivá había precisado que se trataba de una opinión personal y ha asegurado que el Ejecutivo no llevará a cabo centralización alguna de impuestos.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se mostró este martes en una entrevista con Onda Cero partidario de una mayor centralización fiscal del Estado para evitar el "despropósito" de la competencia tributaria entre comunidades autónomas.

Frente al actual modelo de financiación autonómica, que cede parte de la recaudación de tributos como el IRPF y el IVA a las regiones para financiar los servicios públicos, Escrivá ha defendido el "modelo australiano", que primero determina el volumen de gasto por habitante necesario para prestar los servicios y después el Estado transfiere esos recursos a las regiones.

Por su parte, la portavoz del Gobierno ha recalcado que la fiscalidad es una cuestión de Estado y que el Gobierno siempre ha considerado que cualquier modificación debe enmarcarse en modelo una financiación autonómica que garantice los estándares de bienestar social.

"La fiscalidad está de la mano de la financiación y no se puede separar", ha precisado.

Rodríguez ha señalado que la decisión del presidente andaluz de eliminar el impuesto sobre sucesiones lleva a la reflexión de aclarar qué es lo que supone. Para la portavoz del Gobierno, la inmensa mayoría de los ciudadanos no forma parte de los "elegidos" por Moreno para eliminarles ese impuesto y hacerles un "regalo fiscal".

"Ese grupo de elegidos son unos pocos que en este país y en Andalucía tienen patrimonios superiores al millón de euros", ha explicado.

Pero sí ha hecho hincapié en que esta decisión afecta a la población en general, porque Andalucía va a dejar de recaudar millones de euros y habrá una merma de los recursos de la comunidad que se destinan, por ejemplo, a contratar médicos o profesores y para políticas sociales. "Se trata de un debate muy apasionante porque se trata de confrontar dos modelos muy distintos", ha añadido.

En la polémica ha terciado también la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha asegurado que será "la peor pesadilla" de quienes intenten subir los impuestos en la región, ante la "amenaza" del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que aboga por centralizar los tributos.

En una visita al Colegio Público Antonio Machado de la localidad madrileña de Alcobendas, Ayuso ha criticado que Escrivá "amenace a los impuestos de todos los madrileños como lo ha hecho Podemos, que ayer (el lunes) decía que los jueces eran un peligro público".

"Los mismos también están amenazando la fiscalidad de la Comunidad de Madrid", ha censurado Ayuso, después de que el ministro se haya mostrado partidario de centralizar los impuestos para evitar el "despropósito" de que las comunidades autónomas compitan en materia fiscal.

La dirigente 'popular' no entiende que comunidades autónomas que "somos motor de creación de empleo, motor económico para España se nos niegue esa libertad y esa prosperidad y se intenten cerrar mientras no actúan de la misma manera en nada en otras regiones donde ni se cumple la ley ni el Estado de Derecho".

Calviño pide al PP parar la "destructiva" carrera a la baja en fiscalidad

También la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha terciado hoy en la polémica de las rebajas fiscales y  ha pedido al PP que pare la "carrera absolutamente destructiva a la baja" en impuestos, aunque  ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, quien se ha mostrado partidario de una mayor centralización fiscal.

En declaraciones este martes a los medios tras reunirse con el ministro de Economía portugués, Antonio Costa, Calviño ha subrayado que la novedad es que dos comunidades autónomas "se han embarcado en una competencia a la baja" en impuestos y que los responsables son los líderes de esas regiones, en alusión al presidente andaluz, Juanma Moreno, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"El PP tiene un modelo basado en bajar impuestos a los ricos (...) que nos empobrece a todos", ha incidido Calviño.

"Los competentes para frenar esa decisión son los gobiernos autonómicos", ha añadido Calviño, quien ha criticado que esta forma de abordar la fiscalidad va en contra de los avances globales buscando más armonización de impuestos entre países.

"El PP se aísla del resto", ha afirmado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció ayer la supresión del Impuesto de Patrimonio, con una bonificación del 100 %, una medida ya vigente en Madrid.

Cuestionado por esta medida, Escrivá se ha mostrado este martes partidario de una mayor centralización fiscal del Estado para evitar el "despropósito" de la competencia tributaria entre comunidades autónomas.

Tras las declaraciones de Escrivá -que ha matizado que era una "opinión a título personal"-, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Ejecutivo no llevará a cabo centralización alguna de impuestos y que cualquier modificación debe enmarcarse en una financiación autonómica que garantice los estándares de bienestar social.

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