Casi 500 multimillonarios no pagan impuesto de patrimonio gracias a vivir en Madrid

El 67% de los ultrarricos tributa en la región central, que deja de recaudar 900 millones al bonificar el 100% del impuesto

Infografía: Belén Trincado

De los 724 contribuyentes en España que declararon en 2020 una fortuna superior a los 30 millones de euros, únicamente 250, el 34,4% del total, pagaron el impuesto sobre el patrimonio. A su vez, de los 7.421 ciudadanos que declararon tener entre 6 y 30 millones, el tramo inmediatamente anterior, solo 3.753 (poco más del 50%) liquidaron el gravamen. A grandes rasgos, estos 250 y 3.753 contribuyentes abonaron el tributo en cuestión por residir en una región distinta a Madrid, la única autonomía española que a día de hoy bonifica al 100%, y por tanto suspende, el impuesto que grava a las grandes fortunas. Dicho de otra manera, casi 500 multimillonarios y unos 3.700 contribuyentes con entre 6 y 30 millones evitaron pagar gracias a su residencia fiscal.

El impuesto de patrimonio, cuya gestión recae directamente en las comunidades autónomas, afecta a los contribuyentes que poseen bienes por un valor superior a los 700.000 euros, excluyendo la vivienda habitual hasta 300.000 euros. Ha sido y sigue siendo objeto de gran polémica, tanto a nivel autonómico como nacional. De un lado, varias regiones acusan a Madrid de llevar a cabo una competencia fiscal desleal al bonificar al 100% el impuesto y atraer con esta medida a las grandes fortunas a su jurisdicción. Por su parte, pese a haber aparcado hasta nuevo aviso la reforma tributaria, el Gobierno central se ha mostrado partidario de armonizar el impuesto para acabar con la brecha territorial y frenar la fuga de rentas por cuestiones fiscales.

En la Comunidad de Madrid hay unas 19.000 personas que han tenido que declarar por su patrimonio, sumando el conjunto de bases imponibles. Según la estadística de la propia Agencia Tributaria, la región central dejó de recaudar en 2020 unos 990 millones de euros al bonificar en su totalidad este tributo, ya que aunque los contribuyentes más acaudalados tuvieron que presentar la declaración quedaron exentos de tener que pagar gracias a la ventaja fiscal que les da la residencia.

Al otro lado podrían encontrarse Cataluña y ya a más distancia Comunidad Valenciana y Andalucía, que por este orden son las tres autonomías que más ingresan. Cataluña, en concreto, recaudó unos 546 millones gracias a más de 80.000 contribuyentes sujetos al impuesto. Comunidad Valenciana y Andalucía ingresaron respectivamente 156 y 93 millones de las declaraciones de 20.000 y 15.000 liquidantes. A partir de aquí, la recaudación se mueve entre una horquilla de 68 millones en Galicia y de cinco millones en Extremadura. Los datos de País Vasco y Navarra no están disponibles por tener regímenes fiscales propios.

En España, atendiendo a los propios datos de la Agencia Tributaria, la diferencia a la hora de abonar el impuesto entre los ultrarricos y el resto de los tramos más acaudalados es más que obvia. Por ejemplo, los más de 147.000 declarantes que oscilan entre los 300.000 y los 1,5 millones de euros pagaron el impuesto en el 94% de los casos; los que atesoran un patrimonio que se mueve entre los 1,5 millones y los 6 millones de euros (unas 58.600 personas) lo abonaron el 80% de las veces; y los 7.500 ricos que tienen entre 6 y 30 millones pagaron el impuesto en la mitad de las ocasiones. En total, en 2020 hubo en España 218.991 declarantes, de los que pagaron el tributo algo más de 189.000, el 87% del total.

Según la estadística, el número de contribuyentes con un patrimonio declarado de más de 700.000 euros aumentó un 3% en 2020 con respecto a 2019, un ejercicio en el que estos ciudadanos incrementaron su riqueza media en casi un 2% a pesar del impacto de la crisis sanitaria.

En paralelo, el número de liquidantes de más de 30 millones de euros ha ido creciendo año a año desde los 233 que declararon por Patrimonio en 2007. El impuesto de patrimonio fue suprimido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, cuando quedó bonificado al 100% en toda España. Tres años después, y debido a los estragos de la crisis económica, fue recuperado por el mismo Ejecutivo y prorrogado por los respectivos Gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.