Crisis en el Supremo: Lesmes pide medidas urgentes y Llop un informe de las necesidades al margen del bloqueo del CGPJ
La falta de nuevos nombramientos provocará que, en octubre, el alto tribunal tenga un 20 % de sus plazas vacantes
La ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha reunido este martes con los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) para estudiar un plan de choque para hacer frente a la carencia de medios y elevada carga de trabajo del Alto Tribunal. Durante la cita, el presidente del TS y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha puesto las cartas sobre la mesa y ha pedido medidas urgentes para garantizar su funcionamiento mientras no se puedan cubrir vacantes.
La situación es crítica: a la falta de personal y de medios materiales que arrastra históricamente el tribunal, se suma el incremento de litigiosidad tras la pandemia por el Covid y la situación creada por la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces. En concreto, por la imposibilidad del consejo en funciones de efectuar nombramientos para cubrir vacantes tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021 que motivará que en octubre el TS tenga un 20 % de sus plazas vacantes.
Carlos Lesmes ha manifestado su “preocupación” por la falta de renovación del CGPJ, pero, también, por otros problemas que están prolongándose en el tiempo. El Tribunal Supremo ha solicitado, entre otras medidas, el incremento del número de letrados del Gabinete Técnico y planteado varias reformas legislativas para hacer frente a la elevada carga de trabajo del órgano judicial.
Por su parte, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha manifestado la voluntad de la Administración de atajar el problema, pero le ha pedido a Lesmes un informe para determinar cuáles de las necesidades del Tribunal Supremo son fruto del aumento de la litigiosidad y cuáles del bloqueo en la renovación del CGPJ.
Falta de medios
Según han informado al ministerio, el tribunal, cuenta actualmente con una plantilla de magistrados un 14 % inferior a la legalmente prevista. Este porcentaje será del 20 % el próximo mes de octubre, cuando el número de plazas vacantes se elevará a 16 frente a las 12 existentes a fecha de hoy. Ni siquiera ha aliviado la situación el nombramiento en abril de 2021 por el Ministerio de Justicia de doce letrados para reforzar el Gabinete Técnico con el fin de prestar apoyo en las tareas de admisión e inadmisión, incidentes de nulidad, quejas, etcétera, que supone el 90 % del trabajo del Supremo. El problema, han apuntado, es que ese refuerzo no se vio acompañado por el incremento de personal administrativo que asumiera la asistencia a esos letrados.
En concreto, se ha informado a la ministra Pilar Llop de que la Sala Primera (asuntos civiles), que cuenta con una plantilla de diez magistrados, incluido el presidente, está desde noviembre de 2020 con una plaza vacante. Sin embargo, el incremento de la carga de trabajo se ha agudizado de forma extraordinaria tras la fase de pandemia, hasta alcanzar el 42,5 % en el último año.
Por ello, la Sala considera “extremadamente necesario” el nombramiento de los cinco letrados solicitados para prestar apoyo en la llamada “fase de decisión”, la que transcurre entre la admisión de un recurso y el dictado de la sentencia.
En la Sala Tercera (asuntos laborales), la situación es peor. El número de plazas de magistrado vacantes asciende actualmente a seis, que se incrementará hasta ocho con la próxima jubilación de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez.
La Sala Cuarta (asuntos administrativos), cuenta actualmente con tres vacantes, a las que podrían añadirse otras dos por jubilación durante este año 2022, incluida la de la presidenta de la Sala, María Luisa Segoviano. Ello dejaría la plantilla con solo ocho magistrados de un total de trece, lo que impediría la formación de las dos secciones que se constituyen para la deliberación y votación de los asuntos, y tendría como consecuencia la drástica reducción del número de sentencias y el consiguiente incremento de la pendencia.
Informe
La ministra, Pilar Llop, se ha mostrado dispuesta a abordar las necesidades del órgano judicial, pero ha pedido a Lesmes un informe para determinar cuáles de las necesidades del TS son fruto del aumento de la litigiosidad y cuáles son debidas al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El ministerio, ha añadido, “no puede tratar con normalidad una situación que no es de normalidad, por eso pedimos disociar una cosa de la otra”. En este sentido, ha manifestado su voluntad de solucionar la situación en que se encuentra el tribunal. “Hay numerosos problemas estructurales que se arrastran desde hace años. Lo que es nuestra competencia, lo estamos resolviendo”, ha puntualizado.
Llop ha puesto en valor que es la primera vez que el Ministerio de Justicia plantea una batería de medidas de choque para atender las necesidades del Alto Tribunal. Según la titular de Justicia, su objetivo es que “con estas medidas llegue la lógica del siglo XXI a la tramitación de los procedimientos, y eso implica cambios, como la aplicación de inteligencia artificial”. El ministerio, se ha indicado en la reunión, ha dedicado 13.264.127 euros al TS en los presupuestos 2022.
Reformas legislativas
Por otro lado, en la reunión también se han abordado reformas legislativas como la de casación civil, penal y de lo contencioso-administrativo. En cuanto a la primera, la civil, incluida en la ley de eficiencia procesal, el nuevo modelo que se propone simplifica la concepción del recurso. Se fortalece el interés casacional de la interpretación de las normas y se garantiza la celeridad en los tiempos de respuesta de la Sala Primera mediante la simplificación de la fase de admisión, entre otras mejoras.
En relación con la reforma de casación penal, incluida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ha propuesto la simplificación del trámite, ampliar la inadmisión por providencia e introducir la insostenibilidad de la pretensión.
Finalmente, también se ha hablado sobre la reforma de la regulación del recurso de casación en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 29/1998, con el objetivo de proporcionar instrumentos y cauces procesales eficaces para atender la litigiosidad.
En la reunión han participado, además del presidente del TS y del CGPJ, los presidentes de sala del Alto Tribunal Francisco Marín Castán (Sala Primera), Manuel Marchena (Sala Segunda), César Tolosa (Sala Tercera) y María Luisa Segoviano (Sala Cuarta); los miembros electos de la Sala de Gobierno Pablo Lucas, Ignacio Sancho Gargallo, Antonio del Moral, Susana Polo y Dimitry Berberoff; el magistrado de la Sala Quinta Fernando Pignatelli (en sustitución del presidente de esa sala, Jacobo Barja de Quiroga); el secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, Ángel Tomás Ruano; y el director del Gabinete Técnico, Juan Manuel San Cristóbal.
Por el Ministerio de Justicia, además de la ministra Pilar Llop, han asistido el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez; la subsecretaria de Justicia, Ana María Sánchez Hernández; y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.