Los bufetes juegan en las grandes ligas de eSports
Los despachos pugnan por un mercado que genera en España más de 35 millones
La adquisición de Activision Blizzard por Microsoft, pagando 60.400 millones de euros y convirtiéndose en el tercer mayor estudio de videojuegos tras la china Tencent y la japonesa Sony, ha revolucionado el mundo de los eSports. Microsoft, que ha contado con el asesoramiento legal del bufete norteamericano Simpson Thacher & Bartlett, se hace así con 400 millones de jugadores y juegos tan icónicos como World of Warcraft, Overwatch, Call of Duty o Candy Crush.
Los eSports (deportes electrónicos) se han convertido en una apuesta segura en el sector del entretenimiento y los bufetes están jugando fuerte para posicionarse en un mercado que genera en España más de 35 millones de euros y emplea a 600 personas, incluidos 250 jugadores profesionales. Según la Asociación Española de Videojuegos (Aevi), España cuenta con el dato más alto de la UE en audiencia femenina, con un porcentaje del 36% de los tres millones de seguidores, ocupando el puesto 12 en audiencia de ciberdeportes a nivel mundial.
Los deportes electrónicos son las competiciones de videojuegos estructuradas a través de jugadores o equipos mediante ligas y que se pueden jugar de forma amateur o profesional, de forma presencial u online. Al cierre de 2021, sus ingresos en todo el mundo pueden alcanzar los 1.000 millones de euros.
Satya Nadella, presidente y CEO de Microsoft, lo tiene claro sobre los juegos electrónicos: “Jugarán un papel clave en el desarrollo de las plataformas del metaverso”. Desde ahora, Microsoft liderará la Major League Gaming, organización de eSports adquirida en 2016 por Activision.
Los últimos movimientos en este sector apuntan a una estrategia que va encaminada a dar “un giro a la experiencia de usuario tanto en el juego como en el consumo de contenido de eSports, explorando las posibilidades que los metaversos van a proporcionar para mejorar la experiencia sensorial”, reconoce Joaquín Muñoz, socio de Bird & Bird.
Sin normativa propia
Los bufetes especializados en ciberdeportes se caracterizan por tener una amplia formación multidisciplinaria para poder asesorar a los diferentes actores que participan en estas competiciones.
El abogado que asesora en eSports trabaja sin una regulación específica del sector. Por ello, según declaraciones de Julio Huélamo, abogado de Ejaso, en una jornada de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, “el valor a la hora de asesorar se encuentra en la casuística del día a día, que se va puliendo con la experiencia y se manifiesta en casi todas las áreas del derecho”.
Los expertos afirman que la regulación actual garantiza el funcionamiento seguro del sector en España y que un marco normativo no es una prioridad en estos momentos para el legislador. Por ello, desde Aevi trabajan en medidas de autorregulación.
Propiedad intelectual
A diferencia de los deportes físicos basados en actividades asociativas y territoriales, la industria de los eSports es económica por ser todos los actores empresas, pero también global, al estar basada en internet. Los abogados juegan un papel fundamental en el asesoramiento a los publisher o responsables de las características concretas del software. Los videojuegos son un producto comercial con un titular que tiene los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre su contenido. Las complicaciones vienen del hecho de que se trata de una obra multimedia en la que confluyen mediante software derechos sobre guion, música, ilustraciones, etcétera.
El publisher o editor es la figura clave de este sector por tener los derechos de explotación del videojuego. Más del 75% de su facturación procede del patrocinio y de los derechos de retransmisión, por ello, asegura Huélamo, “es necesario el asesoramiento en contratación mercantil y conocer la normativa sobre la cesión de derechos de imagen”.
En España, normalmente, el jugador profesional de eSports es un trabajador por cuenta ajena que desarrolla su actividad para un equipo, aunque hay casos de jugadores individuales que compiten como autónomos. Los equipos profesionales suelen adoptar la forma de sociedad limitada cuyo objeto social es participar en competiciones de videojuegos o representar a jugadores.
Los abogados asesoran en la elaboración del contrato con el equipo. Se establecen las condiciones de la prestación de los servicios para el club y se fija una retribución por su participación o por los resultados obtenidos.
El salario de un jugador profesional en España puede oscilar entre los 1.000 y los 5.000 euros al mes. Sin embargo, los mejores jugadores del planeta firman contratos al más puro estilo del fútbol, con nóminas que superan los 15.000 euros al mes, al margen de lo que ganen en premios.
También es necesario asesoramiento legal en los contratos que vinculan a los broadcasters (operadores que tienen plataformas para distribuir los contenidos audiovisuales en directo o bajo demanda) con los equipos y los editores.
Formación
Para Elena Almazán, abogada asociada en Algoritmo Legal, quien quiera asesorar en esta industria “debe saber redactar contratos de licencia de software, de publishing, cláusulas de confidencialidad y contratos de cesión de derechos de imagen para proteger los intangibles del videojuego”.
Los abogados de eSports tienen que tener una formación cualificada sobre protección de datos al tener el videojuego acceso a información personal de los jugadores o a identificaciones sensibles como son los registros de voz, el ritmo cardiaco y otros datos biométricos; con una especial atención al tratamiento de datos de menores de edad, habituales gamers.
En España, una persona con 14 años puede dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos, por ello el abogado debe tener en cuenta dónde va a comercializarse el videojuego y estar al tanto de la normativa aplicable de cada país.
Además, los bufetes han de tener un profundo conocimiento del derecho de las nuevas tecnologías para asesorar y evitar las brechas de seguridad. De no tomarse las precauciones necesarias, podrían generarse responsabilidades frente a los perjudicados y sanciones por parte de las autoridades de control. Ante la falta de una normativa específica, los clientes demandan al abogado un mayor conocimiento sectorial. Joaquín Muñoz reconoce que el “conocimiento del negocio y de las sensibilidades de todos los players en la industria de los eSports es un valor añadido clave a la hora de asesorar a los clientes”.
‘Gamers’ y reforma laboral
Trabajadores, no deportistas. Los gamers son trabajadores por cuenta ajena y hasta 2021 tenían contratos de obra y servicio, pero con la reforma laboral ya no existen. Roberto Corrochano, abogado de Ejaso, asegura que “los bufetes especializados buscan adaptarse a estos cambios del Gobierno para una serie de trabajadores que no se adecúan a este sector”. Además, buscan soluciones para la cesión de jugadores y retener talentos mediante cláusulas de rescisión.
Relación laboral especial. Los jugadores de eSports no pueden acogerse a la relación laboral especial de deportistas profesionales porque esta práctica no está considerada deporte. La abogada Elena Almazán, del bufete Algoritmo Legal, apuesta por “acogerse a una figura semejante a esta, lo que daría mucha más seguridad jurídica a los jugadores: este es el modelo elegido en Francia”.
Ligas profesionales. En España hay actualmente cuatro ligas profesionales en las que los equipos están obligados a tener a sus jugadores bajo contrato y salario (Superliga Orange de League of Legends, Superliga Orange de CSGO, Superliga Orange de Clash Royale y R6 Spain Nationals de Rainbow Six Siege). Por su parte, el torneo eCopa RFEF, organizado, entre otros, por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), contó en 2021 con más de 5.000 jugadores inscritos.
Directivos famosos. El jugador azulgrana Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos se han aliado para poner en marcha una marca potente en Superliga y comenzar su andadura como directivos de una organización de eSports por todo lo grande. La Superliga es la competición oficial de League of Legends en España.