Operadores de juego online aceleran su mudanza desde otros países a Ceuta y Melilla
Algunos de los referentes del sector fijan nuevas filiales desde este verano
Ceuta y Melilla se han consolidado en los últimos meses como destinos predilectos para los operadores de juego online con licencia en España. Estos han acelerado el traslado de sus sedes fiscales desde países como Malta, en la actualidad el gran hub europeo del sector, o incluso desde otras provincias españolas, a ambas ciudades autónomas. Estas gozan desde hace dos años de un régimen tributario especial que las convierte en lugares atractivos para fijar allí los domicilios corporativos.
Durante el verano, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) reflejó la mudanza de tres de estas empresas, que además están entre las principales del sector: 888.com, Gamesys (Botemanía) y Betway, esta última especializada en apuestas deportivas y muy activo en el patrocinio entre los equipos de fútbol de la Primera División. En los tres casos, han creado una filial en Ceuta tras venir operando desde Malta.
Echando el calendario hacia atrás, cerca de una veintena de los operadores con licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) han hecho el mismo movimiento en el último año y medio, principalmente hacia Ceuta.
Tanto esta como Melilla gozan de ventajas fiscales desde 2018 para el establecimiento de estas empresas, cuando se incluyeron en los Presupuestos Generales del Estado. La principal, y que motiva la gran parte los traslados, es una tasa del juego del 10% frente al 20% que rige en el resto del territorio nacional.
Un porcentaje que estos operadores tenían que abonar aunque estuviesen radicadas en Malta, donde se aprovechan de una fiscalidad más beneficiosa en los impuestos generales, como el de sociedades sí es más favorable.
Sin embargo, como dice la socia de DLA Piper y especialista en legislación del juego, Paula González de Castejón , “es una cuestión de hacer números y ver si les compensa el ahorro que les supone la menor tasa del juego en Ceuta y Melilla”.
Traslado real
Un paso que no es solo una cuestión formal. “Esto no consiste en fijar una dirección con un fax. Desde el primer momento se estableció que se necesita una presencia material y de recursos humanos para demostrar que estas empresas trabajan de forma efectiva desde las dos ciudades”, explica el socio de Cuatrecasas Alberto Agustinoy, experto en regulación en el sector del juego. Entre las medidas que estas empresas deben cumplir está, por ejemplo, que el 50% de sus recursos humanos tengan que trasladarse a Ceuta o Melilla.
Las dos ciudades autónomas ya gozaban de esas ventajas cuando las empresas del sector huyeron de Gibraltar, donde tenían sus sedes, debido a la incertidumbre generada por el Brexit. Entonces la mayoría optó por Malta.
“El Brexit abrió la veda. Ahora hay una mayor madurez en Ceuta y Melilla. Hay unos requisitos claros, hay mayores capacidades tecnológicas, de oficinas, de relación con las autoridades… Ha mejorado la infraestructura, hay capacidad de absorción y talento ubicado allí”, profundiza Agustinoy.
Codere fue de las primeras en trasladar su filial del juego online a Melilla, en 2018. Después ha venido un goteo constante: Suertia, Sportium, Luckia, Mondobets, Casino Barcelona, Eurobox, Wanabet (negocio digital de Recreativos Franco)... Son algunos de los operadores con licencia que se mudaron y continúan prestando sus servicios desde las dos ciudades autónomas.
“Se ha roto la veda, porque se ha confirmado que no es una aventura exótica”, prosigue Agustinoy, que anticipa que “empieza a haber operadores que están sondeando la situación para operar desde estas ciudades autónomas para otros mercados regulados”. Es decir, que los operadores multinacionales operen desde Ceuta y Melilla para otros países. Como recuerda Paula González de Castejón, la legislación de la Unión Europea indica que para poder obtener una licencia de juego en un país de la misma, sirve con que el operador esté radicado en territorio comunitario. De ahí que Malta tomara el testigo de Gibraltar como gran hub del sector a nivel europeo ante la inminencia de la salida del Reino Unido de la Unión.
“El primer paso ha sido localizarse en Ceuta y Melilla para explotar el mercado español. De cara al medio plazo se están considerando las posibilidades y las ventajas que podrían presentarse para fijar allí las sedes para otros mercados regulados o para otros servicios”, ahonda Agustinoy.
De momento aún hay grandes operadores internacionales como Bwin, Betfair o Bet365 que siguen operando para España desde Malta. Y no necesariamente tienen por qué mudarse. “Depende del peso que tenga para cada grupo el mercado español o de las estrategias especificas de cada marca, Pero ya hay nombres internacionales suficientemente grandes para decir que lo más probable es que consideren ese traslado”, apunta Alberto Agustinoy.
El decreto que regulará la publicidad del sector, inminente
Octubre. El sector del juego online afronta este mes fechas decisivas en su regulación. En concreto, la que establecerá las normas para su publicidad, y que según las previsiones del Ministerio de Consumo, responsable de su redacción, pasará por el Consejo de Ministros para su aprobación durante este mes. Algo para lo que todavía no hay una fecha concreta, aunque el ministro del ramo, Alberto Garzón, ha venido insistiendo en las últimas semanas en que esta entrará en vigor a lo largo de este mes.
Normas. Consumo ha optado por un enfoque muy restrictivo para la publicidad del juego online, que solo tendrá una franja horaria entre la 1 y las 5 de la madrugada para anunciarse en cualquier soporte, y que por ejemplo prohibirá los patrocinios de casas de apuestas en las camisetas de los clubes deportivos. Para el socio de Cuatrecasas Alberto Agustinoy, desde el punto de vista de los operadores esta legislación no debería suponer un impacto relevante para sus operaciones. “El factor que podría variar el actual ecosistema es que haya una subida del impuesto del juego. O que se disparen los costes. No creo que la legislación de la publicidad vaya a crear inseguridad jurídica a las empresas”.