La tasa Google pasa su primer examen parlamentario y comienza su tramitación
Las enmiendas de devolución del proyecto de ley presentadas por PP, Vox y Cs han sido rechazadas
El nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como tasa Google por su incidencia en compañías tecnológicas como esta, ha pasado su primer examen parlamentario y continúa su tramitación, después de haber sido rechazadas las enmiendas de devolución del proyecto de ley presentadas por PP, Vox y Ciudadanos. Ahora, el texto se someterá a la Comisión de Hacienda del Congreso, donde se debatirán las más de 90 enmiendas parciales registradas que buscarán su modificación.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Pedro Sánchez se anticipa a la Unión Europea, que ya estudia un gravamen de estas características a nivel comunitario. Eso sí, el planteamiento del Ejecutivo siempre ha sido el de echar a andar un impuesto digital propio que se sustituiría inmediatamente por el que se acabe pactando en el seno de la UE o de la OCDE.
Asimismo, este paso hacia la creación del impuesto digital se produce días después de que Estados Unidos anunciara haber abierto una investigación sobre Europa y nueve países, incluido España, para comprobar si con este tipo de jurisdicciones existe trato discriminatorio hacia sus empresas y si es el caso, plantear medidas arancelarias.
Precisamente, el no esperar a una normativa comunitaria fue una de las críticas que los tres partidos de la oposición manifestaron en la defensa de sus enmiendas con las que querían tumbar el proyecto de ley. Con ello, los tres portavoces, del PP, Vox y Ciudadanos, aseguraron que su aprobación mermará la competitividad de las empresas españolas. Por el contrario, el resto de formaciones reclamaron la nueva tasa como necesaria, sobre todo tras la crisis del coronavirus.
En concreto, este nuevo impuesto, diseñado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, establece un tipo impositivo del 3% sobre tres actividades específicas: la publicidad online, la intermediación entre empresas y particulares o la venta de datos de usuarios. Así, la propuesta contempla que paguen el tributo las empresas que ofrezcan estos servicios siempre que tengan un volumen de negocio de al menos 750 millones de euros en el mundo y tres en España. La estimación oficial es que el nuevo impuesto permitiría recaudar unos 968 millones de euros al año, si bien esta cifra fue recortada desde los 1.200 millones estimados inicialmente ante la desaceleración de la economía española producida antes de la crisis del Covid-19.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha sido la encargada de defender hoy en el pleno del Congreso dicha iniciativa, ha comenzado su intervención apelando a que España tiene “una fiscalidad analógica en un mundo digital” y a la necesidad de una nueva “realidad económica” para que el país se acerque a los niveles de tributación de otros estados.
Además, Montero ha apuntado que tiene el objetivo de gravar a compañías "que pueden tener actividad en un país sin tener presencia en él", aportando actualmente "escasa o nula tributación”, asegurando que no tendrá ningún tipo de impacto sobre las pequeñas y medianas empresas porque "no grava las actividades minoristas de comercio electrónico o las ventas entre particulares".
Así, el impuesto digital ha sido respaldado por el resto de los grupos parlamentarios, a excepción de UPN, socio electoral de PP y Ciudadanos en Navarra, y algunos han manifestado en sus intervenciones sus propuestas o modificaciones al articulado.
Por parte de JxCat, Ferrán Bel ha mostrado su apoyo pero ha reclamado al Ejecutivo modificaciones en el trámite de enmiendas como discriminar en la carga fiscal de la tasa a empresas que no cotizan ni tributan en España de las que sí lo hacen y crean empleo. En cambio, Joan Margall, de ERC, ha sugerido que el tipo impostivo debería aumentar en dos o tres puntos porcentuales.y ha reclamado que la recaudación del tributo sea participada al 50% por Cataluña y permita más recursos para la financiación de los servicios públicos por parte de las comunidades autónomas.
Por la CUP, Mireia Vehí ha abogado por incrementar el tipo impositivo del 3% propuesto por el Gobierno a un 5% e incluso plantean la posibilidad de que este fuese proporcional a los beneficios. El PNV ha señalado también que estarán pendientes a su tramitación para subsanar las deficiencias que consideren, apuntando que solicitarán la coordinación de la Hacienda del Gobierno central con las forales "para concertar la capacidad normativa, sancionadora e inpectora" de este nuevo impuesto.
PP, Vox y Cs rechazan el impuesto
El Grupo Popular ha defendido la posición recogida en su enmienda de devolución del proyecto, apuntando que este tipo de impuesto “no es oportuno” en estos momentos, aunque tampoco lo era antes de la crisis de coronavirus. A su juicio, este impuesto le corresponde desarrollarlo a los organismos internacionales, dado que ya está en debate en el marco de la Unión Europea. Asimismo, el diputado del PP Javier Bas ha afirmado que aprobar este impuesto de forma “unilateral” podrá en riesgo la competitividad de las empresas españolas, “agravado con el contexto de crisis que ya de por si es complicadísimo”. Esta formación cree que la iniciativa “va en sentido contrario” y que se necesitan bajadas de impuestos y no subidas.
Por su parte, el diputado de VOX Rodrigo Jiménez ha reclamado, al igual que los Populares, una bajada de impuestos y esperar a que la OCDE saque adelante esta iniciativa a nivel global. “La digitalización de la economía es clave, pero este impuesto la penaliza”, ha dicho, afirmando que obstaculizará el desarrollo digital en España que es una de las claves para incrementar la competitividad. La tasa digital “provocará una mayor recesión, menor inversión y por tanto menor recaudación”, ha apuntado.
Por otro lado, la diputada de Ciudadanos María del Carmen Martínez ha comenzado su intervención haciendo referencia a la penalización arancelaria que Estados Unidos podría poner a los productos españoles y ha recordado que Francia frenó una propuesta similar a la española ante la amenaza de aranceles. Sin embargo, ha afirmado estar de acuerdo con este tipo de impuestos pero “no de manera unilateral”, sino acorde a la Unión Europea. De esta forma ha dicho que la Tasa Google perjudicará la posición competitiva de España y que “el momento” es cuando “vayamos todos juntos de la mano” porque “incluso el sector cree en este tipo de impuestos pero no ahora y de forma unilateral”. Así, ha pedido que el Ejecutivo disminuya el gasto público y evite incrementar la presión fiscal de las empresas.
