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COVID-19

Prosegur y Securitas trabajan un ERTE para parte de sus 39.000 empleados

Ambas firmas prevén reducciones temporales en la mayoría de sus centros

Empleados de Prosegur
Empleados de Prosegur

Las empresas de seguridad Prosegur y Securitas, que suman más de 39.000 empleados, están trabajando en la presentación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ante la crisis originada por el COVID-19.

La primera de ellas, que cuenta con una plantilla de 21.306 trabajadores, ha detallado este jueves a Efe que el ERTE que se plantea "afectará a todos los centros de trabajo de la empresa", aunque no ha precisado a qué porcentaje de la plantilla implicará. Lo que sí ha apuntado es que durante las conversaciones con los sindicatos podrán incorporarse "otras medidas complementarias coyunturales" que puedan servir para hacer frente a esta crisis.

Prosegur, que explica que, con esta medida, pretende preservar los empleos, cuenta con 6.671 empleos en su sede de Madrid, la que más trabajadores tiene, seguida de Barcelona, con 2.967 trabajadores, y Valencia, con 1.033.  El grupo Securitas en España, con 18.000 trabajadores, también ha iniciado la negociación de ERTE para sus distintas empresas, entre otras Securitas Seguridad España, TechCo Seguridad, Servicios Securitas.

La decisión, según ha informado a Efe la compañía, se ha tomado tras las medidas establecidas para hacer frente a la pandemia, que han provocado una reducción sustancial de la actividad debido al cierre temporal o la reducción de la actividad de numerosos clientes, y con el objetivo de proteger el empleo.

En este sentido, la dirección del grupo ha convocado a los representantes sindicales para crear las comisiones de negociación legalmente previstas en cada una de las compañías, a fin de que en un plazo máximo de siete días las conversaciones estén concluidas.

Además, ha recordado que los empleados que finalmente vean suspendidos sus contratos en el ámbito del ERTE podrán regresar a sus puestos una vez acabe el mismo y mientras recibirán la prestación por desempleo, aunque no tuvieran cotizado el periodo suficiente, de acuerdo con las medidas establecidas por el Gobierno dentro de la declaración del estado de alarma.

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