Pagar en las autovías: dos tazas de caldo

El globo sonda del Gobierno es en realidad un repago y no tiene nada de simbólico

Pagar en las autovías: dos tazas de caldo

Como es fácil imaginar, el globo sonda veraniego del Gobierno de Pedro Sánchez sobre implantar un pago simbólico en las autovías (para garantizar el mantenimiento de las mismas) ha causado un gran revuelo en el sector del transporte. No porque sea una pretensión novedosa, sino porque creció el temor de que el Gobierno pudiese estar ya decidido a hacerla realidad, a pesar de que ahora se tilde esa noticia como cuento de agosto desde Fomento.

Es evidente que las cuentas no les cuadran a nuestros gobernantes. Pero en lugar de revisar a fondo el buen uso de la ingente cantidad de dinero que manejan las Administraciones de todo tipo que nos rigen, resulta más cómodo poner en marcha otro engendro recaudatorio, eso sí con el pseudónimo de pago simbólico.

Esto, sin embargo, señores, tiene otro nombre: es un repago en toda regla y no tiene nada de simbólico. De entrada, es injusto (salvo que cuestione a fondo el marco impositivo / política fiscal al completo) porque los usuarios de las carreteras españolas ya pagamos mucho más de lo que costamos –creación y mantenimiento de las redes viales incluidos– con nuestros impuestos sobre el combustible.

En el caso del sector al que pertenezco, ya desembolsamos al año cerca de 3.000 millones de euros solo en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), un 25,5% del coste total de un viaje profesional por carretera, a lo que hay que sumar otra serie de gravámenes, tasas y cargas varias ligadas a la actividad (solamente en ITV, autorizaciones de vehículos, tasas de tracción mecánica… suponen entre 550 y 600 millones de euros anuales). Debo señalar aquí, de paso, que este sector representa un 5% del PIB y da empleo a más de 850.000 personas.

Además de injusta, una medida así peca de tremendamente miope en un país como España, colíder europeo en producción automovilística, en visitas de turistas por carretera y en peso del sector exterior en el PIB, del cual el vector principal es precisamente el transporte por carretera.

Naturalmente hay quien apoya este tipo de doble presión fiscal. Por un lado, las empresas constructoras –ilusionadas con que esa recaudación adicional irá a engrosar finalmente sus volúmenes de facturación– y, por otro lado, muchas organizaciones ecologistas que, al tener ahora demonizado cualquier elemento que facilite el desplazamiento de bienes o viajeros, aplauden sin reparo las medidas que hagan más gravosa esa conexión de territorios y de personas que el transporte en general y, singularmente, la carretera, facilitan.

Todo ello sumado, es evidente que resulta muy tentador para quien gobierna echar mano una vez más de las carteras de quienes, por uno y otro motivo, recorran las carreteras. Pero hay que insistir en que es falso que no se esté ya pagando y mucho por ello y, además, en que la red vial es un bien social que favorece al conjunto de los habitantes del país, conduzcan habitualmente o no lo hagan nunca.

Al igual que sucede con la educación, la seguridad o la sanidad, independientemente de quién utiliza sus servicios directamente, todos nosotros estamos convencidos de que la sociedad en su conjunto se beneficia de que existan escuelas, comisarías y hospitales.

Un solo ejemplo para evidenciar que con la carretera sucede lo mismo: la dueña de un restaurante en un apartado pueblo, tenga automóvil o no, lo use o no, se beneficia de que la red de carreteras españolas permita que le lleguen tanto suministros como clientes hasta su negocio. Extienda el lector esto a medicinas, suministros agrícolas, distribución de pesca, o casi cualquier otra faceta de la actividad cotidiana y verá que, sin carreteras, nuestra sociedad sería mucho menos eficiente, cohesionada y próspera. Por tanto, entre todos debemos sufragarlas, no solo aquel que las utilice que, insisto, además ya lo hace vía impuestos de hidrocarburos.

Por último, debo señalar que en aquellos países en que este tipo de tasas viarias se pusieron en vigor hace años, ningún dato avala que hayan servido para aventajar a los países como España –que no la tienen– en reducción de la congestión vial o del impacto ambiental, ni la siniestralidad como tampoco en una mejor infraestructura que la nuestra. Únicamente hay un dato claro: han aumentado los ingresos públicos.

Ahora que los vientos de frenazo de la macroeconomía hacen que suban las voces en favor de no ahogar a las empresas y a los ciudadanos con nuevas tasas e impuestos, incluso de reducir la carga existente, algunos parecen decididos a aplicar la medicina del “¿no quieres caldo? Pues “toma dos tazas”. Y nos quieren hacer creer, además, que es por nuestro bien. Eso sí es un cuento de verano.

Ramón Valdivia es Director de ASTIC (Asociación del Transporte Internacional por Carretera)