Los registradores quieren que ‘blockchain’ sea un aliado y no un enemigo

La tecnología tiene que adaptarse a los juristas y no al revés

 De izquierda a derecha: Juan José Pretel (Decanato de Andalucía), Marifran Carazo (Junta de Andalucía), Dolores Delgado (Justicia) y María Emilia Adán (Colegio de Registradores).
De izquierda a derecha: Juan José Pretel (Decanato de Andalucía), Marifran Carazo (Junta de Andalucía), Dolores Delgado (Justicia) y María Emilia Adán (Colegio de Registradores).

El sector legal se debate entre la preocupación y el entusiasmo cuando se trata de aplicar nuevas tecnologías como el blockchain o la inteligencia artificial (IA) en su trabajo. Los operadores jurídicos tienen ante sí el reto de comprender y utilizar la potencia de estos medios, una ola a la que deben subir para no perder oportunidades. Por otro lado, temen que su propia supervivencia se vea amenazada.

“Esta tecnología tiene que adaptarse a los juristas y no al revés”, afirmó categóricamente el fiscal Rafael Fernández, en el transcurso de un debate sobre blockchain durante el V Congreso Nacional de Registradores de España, que se celebró la pasada semana en Sevilla y que ha aglutinado a unos 300 registradores. Esta tecnología, según el fiscal, no va a sustituir nunca al registrador, porque supondría la desprotección de los derechos del ciudadano.

La seguridad jurídica es un valor que, pese a sus virtudes y certezas, no completa la tecnología. Todavía hay ciertos fallos o debilidades que a día de hoy impiden, según expuso la magistrada del Juzgado Mercantil número 1 de Barcelona, que esta cadenas de bloques sirvan como prueba en un juicio. Como apuntó, “no hay una posibilidad de conocer ni directa ni indirectamente quiénes son las personas que actúan a través de la tecnología de bloques”, lo que lo incapacita como documento público.

Los juristas rechazan categóricamente que su función se vaya a ver desplazada. Sin embargo, se aferran a la tecnología como un valioso aliado para mejorar el servicio que ofrecen, pero blindando, al mismo tiempo, la seguridad jurídica de los ciudadanos. Un principio que los registradores de la propiedad están llamados a garantizar en todo tipo de transacciones inmobiliarias. La posibilidad de interactuar con representaciones digitales de estos activos (tokenización) es ya, tecnológicamente, una realidad que agilizaría los registros, pero ¿es necesaria una ley que lo permita? ¿Con qué condiciones se aceptaría el uso del block­chain?

La seguridad jurídica, coincidieron la decana de los registradores, María Emilia Adán, y la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, es un valor más complejo que la seguridad tecnológica, y este siempre necesitará del criterio de estos profesionales.

La tecnología, aliada

No obstante, las nuevas tecnologías deben ser un aliado para mejorar la excelencia del servicio. Para ello, ingenieros, informáticos y juristas trabajan en entornos colaborativos, como en el proyecto ­Imola, de interconexión de los Registros de la Propiedad en la Unión Europea.

Comercio electrónico

Por otro lado, la tecnología basada en cadenas de bloques, que nació en el ámbito de las criptomonedas, aporta, según los expertos, algunas ventajas, por ejemplo, el impulso del comercio electrónico, pero, por el contrario, también retos.

Existe un intenso debate sobre la necesidad de regular esta tecnología. La Unión Europea ya está estudiando reglamentar aspectos concretos de su uso para asegurar la transparencia y derechos de los ciudadanos.

En este sentido, para Carmen Pastor, directora de Baes Blockchain Labs y profesora de Derecho Mercantil, el boom de esta tecnología vendrá de la mano de la estandarización para que cumpla con el reglamento de protección de datos, el relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza en las transacciones (reglamento eIDAS) y la directiva sobre blanqueo de capitales.

Otros expertos como Pablo Fernández Burgueño, director del bufete SmartHC y cofundador de NevTrace y Abanlexs, son partidarios de ir admitiendo en derecho las nuevas posibilidades que ofrecen, como la de constituir una sociedad con bitcóins. “Es una forma más de hacer las cosas; es una representación aceptada por un montón de personas”, sostiene.

En el punto medio, se encuentran los que consideran, como Cristina Carrascosa, of counsel de Pinsent Masons, que la legislación actual es suficiente, teniendo en cuenta que su aplicación práctica se circunscribe al comercio electrónico.

Herramientas del siglo XXI

Watson para Hacienda. La Agencia Tributaria dispone desde 2017 de un asistente virtual basado en la tecnología Watson de IBM. Se creó para dar servicio a la multitud de consultas sobre el nuevo sistema de gestión del IVA (SII). La herramienta se basa en la computación cognitiva y es capaz de aprender para ir entendiendo las preguntas que, en un lenguaje natural, realizan los contribuyentes. Por otro lado, según Luis Calvo Parra, inspector Hacienda, ofrece una información de calidad con mayor unidad de criterio.

Jurimetría. Desarrollada por Wolters Kluwer en colaboración con Google España, es una poderosa plataforma web (con más de 10 millones de resoluciones judiciales), que facilita al jurista la estrategia procesal de un caso. Gracias a la analítica jurisprudencial predictiva, que integra poderosas herramientas de análisis cognitivo (machine learning, procesamiento de lenguaje natural, algoritmos de similitud y proximidad), le permite extraer y revelar patrones de éxito procesal.

Regturi. Se trata de una aplicación desarrollada por el Colegio de Registradores que tratará de dar mayor protección tanto a usuarios como a propietarios de viviendas que se ofrecen como turísticas. La plataforma da seguridad a los inquilinos y caseros, e interconecta con la policía, de cara a evitar los fraudes que se están produciendo con el auge de este tipo de negocio.

Imola. Es un proyecto desarrollado por la Asociación Europea de Registros de la Propiedad (ELRA) que, una vez finalizado, contribuirá a facilitar las transacciones inmobiliarias transfronterizas dentro de la UE. Será una realidad en 2021 y posibilitará que un comprador comunitario comprenda el significado de una institución jurídica de nuestro derecho.

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