La firma Lupicinio aclara los términos de su asesoramiento al Estado de Venezuela
El contrato está previsto para dar servicio exclusivamente en sanciones hasta el final de 2019
La firma internacional Lupicinio anuncia su acuerdo marco con la Procuraduría General de Venezuela, equivalente a la Abogacía General del Estado en España. El contrato está previsto para dar servicio exclusivamente en sanciones internacionales al Estado venezolano hasta el final de 2019. La defensa no está dirigida a un “blindaje de bienes” sino a la representación y a la defensa de los intereses de las instituciones del Estado, a la cual tienen derecho bajo todas las legislaciones aplicables frente a la normativa sancionadora vigente en cualquier momento.
La firma matiza que el acuerdo todavía no ha entrado en vigor y que, por tanto, no se ha determinado el listado de asuntos que llevará a cabo. Asimismo, el despacho de abogados explica que, en el supuesto en el que haya un encargo específico, el Comité de Conflicto de Intereses y Ético de la firma tendrá que decidir si acepta la gestión en cuestión y deberá asegurarse de que no haya conflicto.
La firma fundada en 1980 declara que tiene una larga tradición en este tipo de trabajos profesionales. Sus equipos de abogados han ganado causas en el Tribunal de Luxemburgo, defendiendo los intereses de empresas e instituciones ubicadas en países que han sido objeto de sanción por parte de la comunidad internacional. Lupicinio International Law Firm tiene una relación consolidada con jurisdicciones y empresas sancionadas y para los que ha obtenido importantes sentencias favorables en la defensa de los intereses de sus clientes.
Por último, el despacho de abogados español reafirma que otras firmas de Estados Unidos y del Reino Unido también trabajan para este tipo de clientes en materia de sanciones. En este sentido, Lupicinio International Law Firm ha conseguido convertirse en el primer despacho de habla hispana en conseguir un reconocimiento global en la práctica de sanciones.
