Rafael Lara: “Es insostenible que sigamos cobrando 1.500 euros”

"No somos responsables de la filtración de datos personales de la víctima de La Manada, se trata de un defecto del sistema"

“Las nuevas tecnologías y la complejidad de los asuntos imponen la oficina judicial frente al juzgado tradicional”

Rafael Lara: “Es insostenible que sigamos cobrando 1.500 euros”

Rafael Lara preside el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, asociación que representa a más de un tercio del colectivo. Pese a ser poco conocidos por el gran público, los antiguos secretarios judiciales dirigen la oficina judicial y son una pieza fundamental en el engranaje de la Administración de Justicia. En medio de la polémica por un informe que les responsabiliza de la filtración de los datos personales de la víctima de La Manada, Lara explica que el problema está en los defectos del sistema, y anuncia que darán la batalla por la adecuación salarial del colectivo, bandera de sus reivindicaciones profesionales, si el ministerio no mueve ficha. Cinco Días le entrevista en las inmediaciones del Teatro Real, donde se encuentra ultimando los preparativos del próximo Congreso, que celebrará el 75 aniversario del Colegio.

¿Qué opinan del informe que les responsabiliza de la filtración de datos de la sentencia de La Manada?

Ese informe es un absoluto error. Tanto los fundamentos como las conclusiones a las que llega son erróneas. Se ha querido buscar un responsable para lo que es un defecto del sistema. La ley orgánica nos ha hecho responsables de los datos que se manejan en los juzgados, pero, para ello son necesarios, primero, criterios jurídicos de actuación, que no existen, no hay un documento de seguridad que regule ese tema; y segundo, medios informáticos para poder llevar a cabo esta labor. En este caso, era humanamente imposible eliminar los datos personales en tan corto espacio de tiempo. Además, la compañera de la Audiencia actuó de manera escrupulosa porque transmitió la sentencia al gabinete de prensa con su aceptación de que ellos borrarían los datos. Actualmente, el único documento que existe es un Protocolo que responsabiliza a estos gabinetes de la anonimización de las resoluciones que se trasladan a los medios de comunicación.

¿Han dejado de suministrar las resoluciones judiciales a los gabinetes de prensa de los Tribunales Superiores?

Como Colegio profesional hemos hecho una recomendación en ese sentido porque se nos quiere hacer responsables de lo que no somos. Nuestra intención es que dure el menor tiempo posible; de hecho, el mismo día que hicimos esa recomendación me puse en contacto con el ministerio. La pelota no está en nuestro tejado, nosotros no podemos dictar las normas que regulen la actuación en la protección de datos.

¿Qué opina del comunicado de ACIJUR pidiendo su colaboración con los informadores jurídicos?

Estamos absolutamente de acuerdo con el fin de ese comunicado. Esto tiene que acabar, y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que así sea. Nosotros queremos dar las resoluciones que sean relevantes para la ciudadanía a través de los medios de comunicación, pero para eso alguien me tiene que decir cómo.

¿Cuáles son las reivindicaciones más urgentes del colectivo?

Nuestra máxima reivindicación es la adecuación salarial, porque es insostenible que un cuerpo superior jurídico cobre 1.500 euros. Eso es lo que gana un Letrado que aprueba su oposición, pasa su curso selectivo en el centro de estudios jurídicos y va destinado a un juzgado. Según los destinos, continúa cobrando 1.500 euros durante cinco o diez años, y el máximo al que normalmente se suele llegar son 2.500-2.600 euros. Estamos en los niveles retributivos más bajos de la Administración Pública. Cuerpos equivalentes a nosotros, como los médicos forenses, ganan mucho más que nosotros.

¿Qué otros cuestiones les preocupan?

Seguimos pendientes de una adecuación estatutaria. El Estatuto de 2003 debe adaptarse a las nuevas funciones procesales que se nos incrementaron en 2010. Hoy en día, el 75 % del trabajo del juzgado lo resolvemos nosotros. Luego hay otros problemas, como que no tenemos una unidad electoral sindical adecuada, hay dificultades con el expediente judicial, y hay que adaptar la oficina judicial, pero la principal reivindicación profesional es la retributiva.

¿Ya ha habido reuniones con la ministra de Justicia Dolores Delgado?

Con la ministra hemos tenido una sola reunión en más de 100 días del Gobierno. Con el equipo anterior había un diálogo constante, y había un trabajo que en el tema, por ejemplo, de la adecuación salarial estaba avanzando. Se ha cortado con este ministerio, pero mantengo la confianza en retomarlo con urgencia.

 ¿Y si no hay avances?

Nosotros todavía estemos esperando que nos llamen. No hemos convocado todavía un paro o una huelga o cualquier otro medio de movilización más que dos concentraciones, que estaban convocadas ya con Rafael Catalá, pero se ejecutaron por el cambio de gobierno con éste. Evidentemente, entendemos que en cualquier negociación tiene que haber el diálogo, primero, si el diálogo fracasa, movilización.

¿Deberían asumir los procuradores la ejecución de sentencias?

El año pasado se archivaron 450.000 ejecuciones más de las que ingresaron. La ejecución va como un Fórmula 1. Creo que lo estamos haciendo de manera excelente con los medios que tiene la Administración. Todo es mejorable, y no hay inconveniente en la colaboración, pero no creo que, con estos datos, la ejecución deba derivarse a otros profesionales, que además ejercen actividad privada.

¿Está en entredicho la oficina judicial?

No, no debería estarlo. Espero que no lo esté porque es algo muy positivo que además permite que cada uno se dedique a lo que tiene que dedicarse; unos, a poner sentencias; otros, a tramitar el proceso; otros, a ejecutar. El letrado tiene que seguir siendo director exclusivo de la oficina judicial, es lo único que dota de homogeneidad en todo el Estado al servicio público. Además, la introducción de las nuevas tecnologías, junto con la complejidad de los asuntos que actualmente están entrando, lleva consigo que el modelo tradicional de juzgado fracase estrepitosamente y haya que acudir a una oficina judicial moderna.

¿Está de verdad digitalizada la Justicia?

El cambio en los últimos años ha sido brutal. La mejora en los medios tecnológicos ha sido extraordinaria. Evidentemente, el volumen de trabajo de la Administración de Justicia siempre exige mejores medios y una inversión suficiente.

¿Qué falla aún en el expediente digital?

En el expediente digital hemos querido asumir una perfección que, para el volumen de trabajo de la Justicia, puede ser demasiado exigente. Habría que ser un poquito más flexibles en algunas cosas. En un 60 % de los procedimientos judiciales el ciudadano se comunica directamente con la Justicia, ¿es posible que desaparezca el papel también ahí?

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