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El déficit de la Seguridad Social apunta a los 22.000 millones en 2019

Los números rojos de 2018 podrían rondar los 19.500 millones de euros Los gastos se elevarán por encima del 5% el próximo año mientras que los ingresos apenas podrían llegar al 4%

Evolución del PIB, empleo y déficit/superávit

La posibilidad de que la Seguridad Social reduzca sus abultados números rojos empieza a enfriarse, a pesar de la buena marcha del empleo y de la recuperación de la economía.

Por el lado de los costes del sistema, los últimos compromisos de gasto pactados entre el anterior Gobierno del PP y el PNV elevaron las pensiones mínimas y asistenciales un 3% y el resto un 1,6% –por encima del 0,25% que marcaba la ley– e incrementaron las pensiones de viudedad. A esto podrían tenerse que sumarse las promesas del nuevo Ejecutivo socialista para subir las pensiones con el IPC. Y casi con toda con toda seguridad, la inflación superará el alza aplicada este ejercicio a la mayoría de los pensionistas (1,6%). Por ello, a fin de año el Gobierno podría verse presionado por la mayoría de los grupos que le apoyaron en la moción de censura y decretar que se les compense lo que resta hasta la subida real de los precios a fin de año. De esta forma, la revalorización final podría rondar el 2%.

Mientras que por el lado de los ingresos, las previsiones no auguran aumentos que permitan no ya solo costear los citados incrementos de gasto sino recortar también el abultado déficit del sistema.

Así, poniendo cifras a este escenario se espera que ya en 2018 se incumpla la primera reducción del déficit que se preveía para este ejercicio. La previsión inicial era que, subiendo un 0,25% las pensiones, el déficit de la Seguridad Social se redujera del 1,6% al 1,4% este año, acortando el volumen del déficit de los 18.800 millones de 2017 a poco más de 17.300. Sin embargo, el mayor incremento de las pensiones aplicado a última hora y una posible actualización con el IPC harán que este ejercicio el déficit sea aún mayor, llegando a rozar o incluso superar previsiblemente 19.500 millones de euros. Es más, las fuentes consultadas calculan que el próximo año los números rojos volverán a incrementarse hasta acercarse al entorno de los 22.000 millones de euros.

¿Cómo se explica este nuevo incremento del déficit? Distintas previsiones apuntan a que, para las cuentas públicas de 2019, el capítulo de gasto de la Seguridad Social podría rondar un incremento de hasta 5,2%. Este porcentaje se desglosaría en un aumento del 2% del efecto sustitución (la cuantía de las nuevas pensiones es mayor que las de los pensionistas que fallecen); un 1,2% de incremento vegetativo en el número de pensiones; y entre un 1,6% y un 2% por el incremento de las pensiones ya pactado y su posible actualización con el IPC.

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Por su parte, todo hace prever que el aumento de los ingresos será inferior al avance de los gastos, salvo cambios legales que el Gobierno pueda llevar a cabo y que reporten más recaudación para el sistema. Pero dada la debilidad parlamentaria del Gobierno y la falta de acuerdo en el seno de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, esos cambios normativos presentan dificultades.

Entre las cuestiones que podrían aumentar los ingresos con reformas legales están: la eliminación total o parcial de los topes máximos de cotización; el pago con impuestos de los gastos de gestión de la Seguridad Social y de algunas prestaciones de carácter más social, como pudieran ser las de paternidad y maternidad.

Pero, en ausencia de estos cambios, estas mismas fuentes estiman que el aumento de los ingresos de la Seguridad Social apenas se elevará un 4% en 2019. Este porcentaje estaría formado por un incremento del empleo del entorno del 2% –que otras fuentes rebajan al 1,5% si los salarios repuntan– y un incremento de los sueldos de alrededor del 2%. A pesar de que el Acuerdo de Negociación Colectiva entre patronal y sindicatos hasta 2020 recomienda un incremento salarial de hasta el 3%, la realidad que se viene pactando en las empresas es otra, con incrementos de sueldos inferiores al 2%.

A todo esto hay que añadir que el Gobierno anterior se vio obligado, por el pacto presupuestario con el PNV, a suspender el inicio de la aplicación del factor de sostenibilidad previsto para enero de 2019, que habría contenido progresivamente el aumento de gasto del sistema.

Con todo, la diferencia entre los ingresos, que crecerán previsiblemente en torno al 4%, y el avance de los gastos alrededor de un 5,2%, serían 1,2 puntos porcentuales sobre un gasto de casi 150.000 millones de euros. Esto supondría que a los más de 19.500 millones de déficit que se anotará la Seguridad Social este año habría que sumar casi 2.000 millones más, apuntando así hacia los citados 22.000 millones de números rojos para el sistema en 2019.

Un plan malogrado

Este escenario que se avecina, si alguna reforma legal que eleve los recursos del sistema no lo evita, es muy diferente del que el Gobierno anterior estaba intentando negociar en el seno del Pacto de Toledo.

Justo antes de que triunfara la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy y aupó al PSOE de Pedro Sánchez a la Moncloa, los grupos parlamentarios que discuten la reforma de las pensiones estaban barajando la aceptación de un plan del Ejecutivo para acabar prácticamente con el déficit de la Seguridad Social en el plazo de unos cinco años.

Fuentes conocedoras de dicho plan explican que consistía en pactar una subida anual de pensiones intermedia entre el 0,25% y el IPC real para los próximos cinco años; y durante ese tiempo continuar separando las fuentes de financiación, con el consiguiente traspaso de costes de la Seguridad Social a los impuestos generales; acelerar la aplicación de la reforma de 2013 (incluido el factor de sostenibilidad que ha sido suspendido); e incrementar un punto la cotización de los trabajadores.

Sobre la firma

Raquel Pascual Cortés
Es periodista de la sección de Economía, especializada en información sobre empleo, Seguridad Social, pensiones y relaciones laborales. Licenciada en C.C. de la Información por la U. Complutense, empezó a trabajar en Cinco Días en 2000 y antes pasó por las secciones de política y economía de la agencia Europa Press y por el diario Soria 7 Días.

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