Justicia pide un gran consenso para avanzar hacia un mejor servicio público

Antonio Viejo, secretario general de la Administración de Justicia, apela a la generosidad de políticos y colectivos

Justicia pide un gran consenso para avanzar hacia un mejor servicio público

En la clausura del encuentro Una Justicia de futuro organizado por el Ministerio de Justicia, con el patrocinio de Wolters Kluwer y Santander Justicia, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Antonio Viejo Llorente, secretario general de la Administración de Justicia, ha apelado al diálogo y al compromiso para la reforma inaplazable de la Justicia. Viejo, se ha referido expresamente a la frustrada subcomisión para la reforma de la justicia, creada en el seno del Congreso para abordar las reformas más urgentes, y ha abogado por conseguir un gran consenso que permita avanzar hacia un mejor servicio público orientado al ciudadano, al que deben "llegar" estas mejoras. "Lo que necesitamos es un pacto de Estado", ha afirmado, que requiere la generosidad de los partidos políticos y los profesionales jurídicos. Viejo también ha subrayado la complejidad de la gestión en la Administración de Justicia. No solo por la diversidad de profesionales que forman parte de ella (y que aglutinan a un cuarto de millón de personas), sino también porque requiere de administraciones prestacionales que, en su mayoría, están transferidas a las distintas comunidades autónomas.

La cuarta edición de este encuentro, que ayer inauguró el secretario de Estado de Justicia, Manuel-Jesús Dolz Lago, ha congregado en dos jornadas a expertos y destacados juristas que han debatido cuestiones como qué modelo de justicia penal responde mejor a las necesidades sociales, cómo conseguir dotar de mayor seguridad jurídica a los operadores económicos, así como de distintas propuestas para conseguir una justicia que proteja más a las personas vulnerables.

Euroorden y confianza mutua

Durante la segunda jornada, se han desarrollado dos mesas redondas. En la primera de ellas, La construcción europea: el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, los ponentes, moderados por Ana María Gallego Torres, directora general de cooperación jurídica internacional y relaciones con las confesiones, han puesto de relieve el difícil momento que vive la Unión respecto del principio de confianza mutua que sirve de base para la cooperación judicial. Juan Gonzalez Mellizo, asistente del director general de Justicia y Consumidores en la Comisión Europea, que ha puesto en valor, no obstante, el trabajo realizado hasta ahora, ha señalado que la semana pasada, en un consejo informal, se discutió sobre reconocimiento mutuo de las resoluciones penales basadas en la confianza mutua, al hilo de los últimos acontecimientos. González cree que este es un momento clave para la reflexión, teniendo en cuenta las próximas elecciones europeas, y señaló como retos de futuro el balance entre seguridad y los derechos fundamentales, la confianza mutua entre los Estados y como mejorarla, y la protección del Estado de derecho.

Francisco Jiménez Villarejo, director general adjunto de Justicia de la Comisión Europea, y fiscal español de Eurojust, ha indicado que hay deficiencias en el sistema de euroórdenes, por lo que es necesaria una reforma. Frente al pesimismo que se vive hoy respecto a la confianza mutua de los Estados de la UE, Jiménez Villarejo ha subrayado la labor monumental que ha hecho la Unión en materia de justicia. Sin duda, ha señalado, hay que superar las tensiones, y también entender que la armonización es difícil en el ámbito institucional, pero ha resaltado la importante función que cumplen los instrumentos de cooperación, que funcionan habitualmente bien, simplificando trámites y facilitando la labor en la lucha contra el crimen. Eurojust, ha informado, conoce de 2.550 casos anualmente, y, en este año, ha puesto en marcha más de 300 equipos conjuntos de investigación que desarticulan organizaciones criminales, "si ha habido resultados tangibles", ha afirmado Jiménez.

Para David Vilas Álvarez, abogado del Estado y consejero-coordinador de asuntos de justicia en la representación permanente de España en la UE, el posible motivo de la actual situación de desconfianza es el abuso que se ha hecho de la orden europea de detención, sobre todo por parte de países del Este, para casos que "no requieren tanta cooperación".

Por último, Miguel Sampol Pucurull, abogado del Estado-jefe en la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha adelantado que la próxima semana se darán a conocer dos sentencias muy importantes para la construcción del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Una de ellas hace referencia a la denegación de una euroorden por las condiciones de las prisiones en el país emisor (Hungría); y otra, referente a Polonia, fue planteada sobre las deficiencias del sistema judicial en este Estado miembro. Se cuestiona si la autoridad judicial que recibe la petición debe cerciorarse sobre el riesgo de que el detenido no tenga un juicio equitativo.

Demandas de los profesionales

En la segunda mesa, último debate del encuentro de este año, se ha hablado de los retos de la Justicia desde el punto de vista de los profesionales, de sus demandas, y también de los avances tecnológicos y organizativos. Moderada por Antonio Viejo, la mesa La justicia frente a sus retos: desafíos profesionales, tecnológicos y organizativos, ha contado con la ponencia de Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo de Procuradores de España; Miguel Marcos Ayjón, letrado de la administración de justicia y secretario coordinador provincial de Guadalajara; y Javier Jordán de Urries Sagarna, vicepresidente del sector de la Administración de Justicia del CSIF.

Estévez, ha comenzado su intervención lamentando el "fiasco" de la subcomisión para la reforma de la justicia, y ha señalado cuáles son los retos y demandas de la procura. Como señaló Estévez, los procuradores han sido y son los principales actores en el impulso de la digitalización de la justicia y protagonistas, junto a los abogados, de la prestación del servicio de justicia gratuita. El presidente de los procuradores ha abogado por asumir el papel de "agentes de ejecución" y también que se les conceda la entrega y custodia de los bienes de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) que le para su depósito y posterior subasta. Por otro lado, ha denunciado la existencia de incumplimientos normativos en las notificaciones en sede judicial electrónica, con emplazamientos y notificaciones a demandados en rebeldía, lo que podría dar lugar a una "monumental" nulidad de actuaciones.

Marcos Ayjón, que ha señalado que el mayor reto es dar una justicia de calidad avanzada tecnológicamente, ha mostrado la realidad del expediente judicial electrónico en su partido judicial, Guadalajara. Tras desarrollar los hitos de esta implementación, ha expuesto los logros conseguidos, y ha mostrado gráficamente de qué forma se trabaja con los cuatro módulos: LexNet, Orus, Minerva y Fidelius. Abogando por la homogeneización de los sistemas informáticos, Marcos Ayjón ha subrayado que es "imprescindible contar con todos los colectivos, siempre con una visión constructiva".

Por su parte, Javier Jordán ha señalado la necesidad de avanzar en los procesos selectivos y en la formación de los funcionarios, pues la justicia hoy requiere de perfiles profesionales distintos, adaptados a las nuevas necesidades. "Los jueces piden personal especializado en materia económicas, contables", ha ejemplificado.

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