Justicia promete diálogo y culminar la digitalización

Manuel Dolz tiende la mano para alcanzar grandes consensos

Justicia promete diálogo y culminar la digitalización

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, abogó ayer, durante la inauguración en Santander de la cuarta edición del curso Una Justicia de futuro, organizado por el Ministerio de Justicia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) con el patrocinio de Wolters Kluwer y Santander Justicia, por abrir el diálogo con los actores del mundo de la justicia para llegar a soluciones de consenso que resuelvan los problemas que aquejan a un servicio público que debe prestarse para y por la ciudadanía.

Además, en línea con los ejes de trabajo del Ministerio presentados recientemente, ha subrayado el compromiso por la modernización de la justicia. En palabras del secretario de Estado, la transformación digital no tiene vuelta atrás: "o es papel 0, o es papel mojado", ha afirmado. Asimismo ha destacado la apuesta por una justicia que sirva a los intereses públicos, y que proteja especialmente a las mujeres y menores de edad víctimas de violencia de género y al colectivo de personas con discapacidad.

La inauguración del curso ha contado, asimismo, con la intervención de Rosalina Díaz Valcárcel, presidenta de Wolters Kluwer España, Juan Pablo Nieto Mengotti, director del Gabinete del Secretario de Estado de Justicia, y Emilio Lora-Tamayo, rector de la UIMP.

Reformas necesarias

En su discurso, Dolz ha desgranado los ejes principales de trabajo del nuevo equipo del ministerio, sobre los que giran las reformas propuestas la pasada semana en el Congreso de los Diputados por la ministra Dolores Delgado. Entre las prioridades, acercar la justicia a la ciudadanía, que demanda un cambio de rumbo, para que la perciban como creíble, cercana y transparente. Pese a las limitaciones presupuestarias (el Ministerio tan solo cuenta con el 0,3% en las cuentas generales del Estado y "el 80% se dedica a gastos de personal"), cree que hay medidas que pueden abordarse, y ha pedido el esfuerzo de todos los profesionales, como, por ejemplo, las “salas amigables” para evitar la “revictimización” de los menores mediante la reiteración de declaraciones sobre las agresiones sufridas, o como la reforma de la legislación civil basada en el “respeto a la voluntad y preferencias de las personas discapacitadas”, como regla general en la toma de sus propias decisiones.

En este sentido, ha adelantado que los trabajos de esta ambiciosa reforma están terminados y que se elevará próximamente como anteproyecto a Consejo de Ministros. Más cauto ha sido con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), basada en el modelo del fiscal instructor y bajo la mirada de la perspectiva de género, señalando que se sentiría satisfecho si se llega a presentar un anteproyecto. Por otro lado, ha indicado que el anuncio de la derogación 324 de la LEcrim, que limita en un primer momento a seis meses el tiempo de investigación permitido para una causa, responde a una "necesidad de los colectivos" y que ha provocado conflictos entre jueces, letrados y ministerio fiscal, al margen de los ámbitos de impunidad que puede ocasionar.

Dolz ha abogado por la recuperación de la justicia universal, en la línea ya anunciada por la ministra, y ha subrayado que existen "deficiencias" en la euroorden, específicamente respecto a la doble incriminación. A su juicio, no se pueden cuestionar los sistemas judiciales de los Estados miembros de la Unión, y hay que perfeccionar la cooperación judicial.

El secretario de Estado ha querido finalizar su intervención con una cita de Cicerón: "El bienestar del pueblo es la suprema ley", remarcando que este es el objetivo del nuevo equipo, con la colaboración de todos los actores de la justicia.

Los retos de la justicia penal

Dolz ha moderado a continuación la mesa La justicia penal: un nuevo modelo que responda a las necesidades sociales, en la que han participado el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Manuel Fernández Martínez, y los fiscales de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) Javier Zaragoza Aguado y Jaime Moreno Verdejo. Los ponentes se han centrado en dibujar una radiografía de nuestra justicia penal, y de la reforma del Código Penal y de la LECrim sobre la base de los posibles modelos que podrían dar respuesta o solución a los problemas actuales.

Juan Manuel Fernández Martínez (vocal del Consejo General del Poder Judicial) ha lamentado los problemas organizativos derivados del reparto competencial entre ministerio, comunidades autónomas y CGPJ, que, en su opinión, exige una reflexión para articular mejor la cooperación. También ha mostrado su preocupación por lo que ha llamado "demagogia punitiva", y el recurso inmediato a la justicia penal cuando debe ser la última ratio.

Jaime Moreno, por su parte, ha incidido en la necesidad de un trabajo de reflexión previa en términos de eficacia para afrontar una posible modificación del modelo de justicia penal que tenemos, que "no es a coste 0, sino que "vale mucho dinero". Aportando los datos de la última memoria del Ministerio Fiscal, para el fiscal es claro que el 'cuello de botella' está "en el señalamiento en los juzgados de lo penal".

Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de derecho procesal de la Universidad Jaume I, ha expuesto las dificultades de incorporar a nuestro ordenamiento el conocido como "sistema adversarial" propio del derecho anglosajón.

Por último, Zaragoza Aguado, crítico con el sistema actual, ha puesto el acento en que la justicia debe regirse por los mismos principios que otros servicios públicos de la administración. Para plantearse un cambio hay que reflexionar sobre qué esperan de la justicia los ciudadanos. Si reunimos las perspectivas de cada parte, la respuesta sería que necesitamos una justicia ágil, de calidad, con profesionales bien formados, que proteja nuestros derechos y que sea independiente. Ha abogado por una reforma del Código Penal y ha manifestado su desacuerdo con la decisión de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein respecto de la euroorden sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont. La decisión, ha dicho, crea un "nuevo instrumento" la "orden europea de enjuiciamiento" que condiciona por completo el juicio en España, "el reconocimiento mutuo ha estallado por los aires", ha asegurado.

Tras la pausa para el almuerzo, se han desarrollado las mesas Seguridad jurídica: factor clave para generar confianza y Una justicia que protege a las personas vulnerables: propuestas para una sociedad comprometida

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