El Constitucional limita los poderes del Estado sobre la cadena alimentaria
El control sobre el aceite se llevará ahora desde las comunidades El tribunal asume parte de un recurso presentado por Cataluña
El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales tres artículos de la Ley de la Cadena Alimentaria de 2013 que suponen limitar los poderes de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), el organismo creado para la vigilancia del sector, en favor de las comunidades autónomas.
En concreto, el alto tribunal da la razón en parte a la Generalitat de Cataluña, que presentó en 2013 un recurso contra cuatro artículos de la ley, al entender que había un conflicto competencial en las atribuciones a la AICA.
El principal cambio con la sentencia se produce en el campo del aceite, al que hace referencia dos de los tres puntos declarados inconstitucionales. La AICA tenía hasta la fecha la competencia de control e inspecciones sobre las declaraciones obligatorias que deben acometer las empresas del sector. Ahora, esta potestad queda en manos de las comunidades autónomas, como ya ocurría en la leche y el vino. El Ministerio de Agricultura, del que depende la AICA, dejó hace unos días de llevar a cabo estos trabajos, tras la sentencia del Constitucional.
El tercero de los puntos hacía referencia a la capacidad de “establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley”. Es decir, la capacidad de vigilar incumplimientos y recibir denuncias en casos como el de la venta a pérdida. El alto tribunal considera que el Gobierno central no puede tener esta autoridad en exclusiva, puesto que las comunidades también tienen esta capacidad.
En la cadena alimentaria se ha recibido con cautela esta sentencia y fuentes del sector de la distribución señalan que esperarán a valorarla a que el Ministerio aclare qué supone para el futuro de la agencia.
Por su lado, el Ministerio argumentó que la AICA seguirá controlando el cumplimiento de la ley de la cadena, al defender que la sentencia lo que hace es negar que tenga estas capacidades “en exclusiva”.
En la misma línea se sitúa Miguel Blanco, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). “La sentencia clarifica las competencias, pero no quita poder a la AICA salvo en el caso del aceite”, señala. “Seguiremos acudiendo a la agencia cuando se produzcan irregularidades”.