Las eléctricas cobrarán un recargo cuando no puedan cortar la luz
Ciudadanos se suma en el último momento sin ninguna aportación relevante
Tras una reunión mantenida ayer en el Congreso de los Diputados, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, escenificaron el acuerdo al que han llegado para resolver la financiación del bono social de la tarifa eléctrica y prohibir los cortes de luz a consumidores "muy vulnerables". En el último momento, Ciudadanos fue incluido en el pacto, pese a su escasa aportación, del que ha quedado excluido Podemos.
El texto del real decreto ley que incluye estas medidas, al que ha tenido acceso CincoDías, se aprobará en el Consejo de Ministros de mañana viernes "o a más tardar el siguiente", y será convalidado en el plazo de un mes. Se trata de una reforma "estructural" de la Ley Eléctrica, según Hernando. Por un lado, se establece que la financiación del bono social de la tarifa será financiado por las comercializadoras eléctricas en función de su cuota de clientes, según propuso el Gobierno y, por otro, se prohíbe los cortes de suministro a consumidores en situación de pobreza severa, tal como impuso el PSOE. En este caso, del coste de las facturas impagadas se harán cargo las comercializadoras y las comunidades autónomas al 50%.
Sin embargo, las comercializadoras o distribuidoras que no puedan cortar la luz , según el RDL, "podrán aplicar recargos o afectar cargos que perciban de aquellos de sus clientes con suministros declarados como esenciales y estén en situación de morosidad".
La primera medida se aplicará desde el momento en que se convalide el citado RDL, al margen de su posterior desarrollo reglamentario, pero en el segundo caso habrá que esperar a una larga y ardua reglamentación. Aunque –según explicó Nadal–, el texto legal establece en una disposición que su desarrollo se hará en tres meses, no todos confían en que se pueda cumplir este plazo, pues en él participarán las comunidades autónomas (la intención es que éstas y los ayuntamientos paguen la mitad de las facturas impagadas y la otra mitad, las comercializadoras eléctricas) a través de la Conferencia de Presidentes.
Otros desarrollos, como la definición del nuevo bono social, que estará ligado a la renta, queda en manos del Gobierno. En este caso, Álvaro Nada se ha comprometido a consensuarlo también con los partidos de la oposición. Se trata, en su opinión, "de un sistema bien definido contra la pobreza" con una buena "base legal". La nueva normativa debe recibir el visto bueno de la Comisión Europea, el Consejo de Estado y de la CNMC.
Podemos se ha quedado fuera del acuerdo, porque el Gobierno no recibió "ningún texto articulado, como hizo el PSOE", indicó Nadal. Ello no ha impedido, sin embargo, que en el último momento se haya sumado C's sin que el partido de Albert Rivera haya hecho más aportaciones concretas que el propio Podemos. Al parecer, estas se han limitado a que los usuarios en situación vulnerable, pero que no estén en el límite, se les dé de plazo para el corte no dos meses, sino cuatro. En otras palabras, se crea una nueva categoría de consumidor.
Para Antonio Hernando, la medida "es el principio del fin de la pobreza energética" y reconoció que queda pendiente un bono o tarifa social para los consumidores de gas. Por contra, el titular de Energía no quiso ir tan lejos y dijo que en el caso del gas, ya existe "la bombona de butano, que tiene un precio regulado".
Una vez alcanzado el acuerdo, el Gobierno descarta, como prometió inicialmente, que el RDL se tramite como proyecto de ley. Según el ministro, el texto definitivo estaría listo ayer por la tarde y lo aprobará hoy la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.
En él no figura la petición de las compañías eléctricas de que el bono sea financiado también por los grandes consumidores que adquieren directamente la electricidad en el mercado ni que no sean las matrices de las comercializadoras, sino estas directamente, las que lo paguen.
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