La CE reconoce la colaboración de las autoridades españolas como eximente

España acusa a Eurostat de errores en la investigación sobre Valencia

El ministro de Economía, Luis de Guindos, momentos antes de su última comparecencia en el Congreso de los Diputados.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, momentos antes de su última comparecencia en el Congreso de los Diputados. EFE

España, sin embargo, acusa al organismo europeo y a su oficina de Estadísticas, Eurostat, de cometer graves errores durante la investigación, de abusar de sus nuevas atribuciones y de no respetar el derecho a la defensa. El caso tendrá que ser resuelto por el Tribunal de Justicia europeo, donde el Gobierno español impugnó a finales del año pasado la apertura de la investigación europea.

La investigación, que ha durado 10 meses, concluyó ayer que "la Intervención General de la Generalitat Valenciana incurrió en negligencia grave por la ausencia de registro de gastos sanitarios y el incumplimiento de los principios de devengo".

Bruselas cifra en 1.900 millones de euros las facturas sanitarias escamoteadas por Valencia en las cuentas de 2011. El fallo fue detectado y denunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en mayo de 2012, lo que obligó a revisar cuatro décimas al alza las cifras de déficit público de España.

La CE reconoce la colaboración de las autoridades españolas como eximente y por ello ha reducido una sanción que podía haber alcanzado los 95 millones de euros.

España, sin embargo, considera que la CE ha abusado de sus poderes porque comenzó la investigación sin base legal y sin advertir a las autoridades nacionales de sus intenciones.

El Gobierno, en las alegaciones presentadas, asegura que los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística colaboraron con los de Eurostat sin ser conscientes de que estaba en marcha un expediente disciplinario extraoficial. "De haberlo sabido, podrían haber invocado sus derechos legales de defensa", señala el documento español.

Madrid recuerda también que la corrección del dato fue comunicada por las autoridades nacionales y no tuvo ningún impacto en el procedimiento de déficit excesivo abierto contra España.

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