Editorial

Privatizar sobre seguro

El Gobierno ha decidido poner la directa en la venta del 50,25% de Cesce.Una operación que sobre el papel puede considerarse menor. Aunque no sea así, puesto que afecta a una pieza clave en la actividad exterior de una buena parte de las compañías españolas, así como al papel del Estado en este terreno. De hecho, esta privatización ha tenido que esperar a una reforma legislativa que se ha traducido en una nueva norma para la cobertura de los riesgos de internacionalización. Con ella, Cesce escinde con claridad sus dos actividades básicas. Por una parte, la deriva privada, es decir, la comercialización de seguros de crédito para las empresas. Por otra, la pública, es decir, la cobertura de riesgos políticos por cuenta del Estado. Cuando pase a manos privadas, Cesce será durante ocho años el agente gestor de esta cuenta en exclusiva, que representa entre un 10% y un 20% de la cifra de facturación del grupo. La intención del Ejecutivo es que este proceso se cierre en el primer semestre de 2015 y las valoraciones estimadas apuntan a que el Estado podría ingresar unos 150 millones por su 50,25%. De momento, ha trascendido el interés inicial de empresas españolas como Mutua Madrileña o Axesor y de diversos fondos, entre ellos uno de capital chino. Transparencia, seguridad y precio son los factores que deben coronar esta privatización.