La rentabilidad de un contrato

El pago en negro, sin contrato alguno mediante, se ha convertido durante los años de la crisis en una acción creciente entre empresas y trabajadores. El ahorro de las cuotas derivadas de una relación laboral regularizada y la necesidad de ingresar un salario por parte de buena parte de la población activa en paro han motivado un tipo de situación laboral que, en caso de ser descubierta por la inspección de trabajo, puede conllevar duras sanciones para ambas partes.

Según el último informe anual de Gestha, el sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda, la economía sumergida en España ha crecido entre 2008 y 2012 en 60.000 millones de euros, hasta alcanzar los 253.000 millones, equivalentes al 25% del Producto Interior Bruto. Las irregularidades en materia laboral no son el único factor con el que se calcula la cifra, pero durante ese mismo período de tiempo sí se ha demostrado su progresivo crecimiento.

De acuerdo con los datos de Inspección de Trabajo, departamento dependiente del Ministerio de Empleo, el 23,6% de las inspecciones realizadas en 2012 desvelaron algún tipo de irregularidad, frente al 17,7% de 2010. Según los datos de los ministerios de Interior y de Empleo publicados en julio, entre 2012 y 2013 se han aflorado cerca de 171.000 puestos de trabajo irregulares, que han tenido un impacto de 9.271 millones de euros, dentro del llamado plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Pero quizá, la irregularidad que más ha repuntado en los últimos años tiene que ver con el cobro de la prestación de desempleo y, a su vez, del desempeño de alguna actividad laboral retribuida en negro, una infracción que aumentó en casi un 50% en 2012, y que el código penal castiga duramente al ser catalogada como muy grave.

Después de la modificación de la ley en diciembre de 2012, este tipo de fraudes pueden conllevar pena de prisión, si la cantidad defraudada supera los 50.000 euros, pudiendo llegar a seis años de pena si se superan los 120.000.

El Estado ha puesto en marcha algunas medidas encaminadas a fomentar la contratación reduciendo los costes para la empresa, como la tarifa plana de 100 euros mensuales en cuotas a la Seguridad Social por cada nuevo empleado.

Pero también hay empresas que desarrollan nuevos sistemas para reducir trámites y costes a la hora de emplear. Es el caso de la compañía Staff5, que ha creado una aplicación móvil que tiene integrado el sistema Red de la Seguridad Social y el Servicio público de empleo estatal.

Según la empresa, su intención es reducir la economía sumergida a través de la práctica eliminación de los costes de contratación. La aplicación gestiona altas y bajas de manera automática, y a través de la firma digital permite la rúbrica de los contratos desde el smartphone y la tableta. Según Staff5, la empresa puede eliminar hasta un 40% en costes de contratación. Una alternativa más para optar por la vía legal.