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Si no hay acuerdo se retrasarían las obras

Sacyr y sus socios proponen al Canal cofinanciar los costes extra de la obra

Vista de un barco que ingresa al Canal de Panamá.
Vista de un barco que ingresa al Canal de Panamá.EFE

Grupo Unidos por el Canal que realiza las obras del Canal de Panamá, liderado por Sacyr y la italiana Impregilo, han propuesto a la autoridad del canal cofinanciar los costes imprevistos en el contrato mientras los árbitros internacionales toman una decisión.

En una nota de prensa publicada en Madrid tras el consejo de administración del GUPC y enviada por Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este consorcio recuerda que la obra da trabajo directo a 10.000 personas y que debe llegarse a un acuerdo sobre su financiación para terminarla en los plazos previstos.

El GUPC acepta y ve positiva la mediación de la Unión Europea y del comisario Tajani para llegar a una solución y prorroga el preaviso dado para una posible suspensión de las obras.

La Autoridad del Canal de Panamá ha rechazado hoy una eventual mediación de la Comisión Europea por considerar que no se contempla en el contrato.

En la nota del GUPC se explica que la construcción del tercer juego de esclusas de la ampliación del Canal de Panamá es una obra estratégica tanto para la economía como para la seguridad mundial y que “se espera con impaciencia la finalización de este proyecto”.

Afirma que el GUPC siempre ha tomado decisiones unitarias y que no está pidiendo beneficios extra sino un cofinanciamiento mientras espera la decisión sobre los mismos del arbitraje internacional.

Las obras, recuerda, están realizadas en un 70 % y no hay impedimentos técnicos para concluirlas, aunque la difícil situación financiera por los costes imprevistos puede afectarlas.

Añade que las obras tienen un coste de 100 millones de dólares al mes.

El consorcio destaca que los costes están documentados y verificados por la autoridad del canal que en todo momento ha sido informada de la situación mediante un “libro abierto” y que están verificados por una auditoría independiente.

Afirma que no hay discusión sobre los costes imprevistos sino sobre quien los tiene que pagar.

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