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La deuda que superan los 1.200 millones de euros

El Congreso insta al Gobierno a obligar a los bancos a pagar las comunidades de vecinos

La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición de CiU en la que se insta al Gobierno a acometer las modificaciones legislativas necesarias para obligar a las entidades financieras, promotoras o particulares que se hagan con una vivienda afectada por un lanzamiento a pagar las deudas pendientes con la comunidad de vecinos.

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha explicado que su objetivo es garantizar el pago de estas deudas, que superan los 1.200 millones de euros y están teniendo una “repercusión preocupante” en materia de seguridad, convivencia vecinal o higiene en los edificios afectados.

Por ello, los nacionalistas catalanes han pactado con el PP una enmienda transaccional en la que se exige al Ejecutivo que “dé continuidad a los trabajos e iniciativas impulsadas para garantizar que las comunidades de propietarios puedan hacer efectivo el cobro de las deudas de viviendas afectadas por ejecuciones hipotecarias”.

En concreto, se pide modificar la Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil para que no se pueda llevar a cabo la inscripción de la carta de pago o la inscripción registral del auto de adjudicación de la finca hasta haber cancelado los gastos de comunidad en los supuestos en que la vivienda o local se encontrase en régimen de propiedad horizontal. Asimismo, se propone modificar esta norma para garantizar el pago de estas deudas.

Ya hay obligaciones

El 'popular' Juan Antonio Abad ha recordado que la normativa vigente ya fija obligaciones sobre el pago de deudas con las comunidades de vecinos, y que se pueden reclamar estos pagos por diferentes vías. “No obstante, estamos de acuerdo con el espíritu de la iniciativa”, ha añadido, justificando así su acuerdo con CiU.

Por su parte, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha justificado su apoyo a la iniciativa como fórmula para “llamar la atención al Gobierno” sobre una “situación social grave”.

Leire Iglesias, del PSOE, también comparte los objetivos de la proposición, porque las vías que existen actualmente son “insuficientes”, aunque cree que “hay que ir más allá de la declaración de intenciones”, razón por la que su grupo se ha abstenido.

Además, ha propuesto aprovechar la tramitación del proyecto de ley de Rehabilitación para incorporar directamente esta medida, sin esperar a que el Ejecutivo tome la iniciativa. De hecho, tanto el PSOE como CiU han planteado esta idea como enmienda a dicha norma, por lo que la diputada ha instado al PP a aceptarlas dado que respalda este texto.

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