La OCU pide a notarios y registradores la devolución de 400 millones cobrados indebidamente entre 2007 y 2012
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido a los notarios y registradores de España "la devolución ordenada" de los cerca de 400 millones de euros cobrados indebidamente en cancelaciones hipotecarias entre diciembre de 2007 y mayo de 2012.
La petición de la OCU se produce tras la resolución de la Fiscalía de la Sala Civil del Tribunal Supremo (TS) que obliga a la Dirección General de Registros y del Notariado a dirigirse a este colectivo para que devuelvan a sus clientes "lo cobrado de más" en este tipo de operaciones.
En septiembre del año pasado, tras un estudio realizado por la OCU en el que se detectaban cobros excesivos en el 92 por ciento de las facturas analizadas en cancelaciones hipotecarias, la asociación de consumidores presentó una denuncia ante la Fiscalía del TS para que investigara "la conducta irregular" de notarios y registradores y para que, en su caso, devolvieran a los clientes los importes cobrados de más.
En su estudio, la OCU señalaba que, durante el período comprendido entre diciembre de 2007 y mayo de 2012 -cuando se cancelaron 1,6 millones de hipotecas de viviendas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)- el notario tenía que cobrar una cuantía fija de 30,05 euros, sea cual fuera el importe de la hipoteca cancelada, cantidad que sumada a los demás conceptos llega a una cifra final de alrededor de 70 euros.
Sin embargo, el importe medio de las facturas incorrectas analizadas por la OCU era de 260 euros. En cuanto al registrador, el estudio de la asociación cifraba el importe final de sus servicios en 144 euros, frente a los 24 euros calculados por la OCU.
La resolución de la Fiscalía, que se comunicó a la OCU el pasado 31 de octubre, precisa que toma esta decisión "para cumplir lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Constitución Española", que establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
Según la OCU, la Fiscalía había suspendido las diligencias incoadas a instancias de la asociación mientras el Tribunal Supremo se pronunciaba sobre los recursos interpuestos por los colegios de notarios y registradores. Una vez conocida la sentencia de 10 de octubre del Alto Tribunal, la Fiscalía ha reabierto el caso y ha concluido dando la razón a la OCU.
Tras conocer la resolución, la OCU ha anunciado que dirigirá un escrito al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y a la Dirección General de Registros y Notariado "para conocer qué pasos piensan dar a partir de ahora". La OCU también ha mostrado su confianza en que los profesionales "no se escuden tras nuevos recursos y estrategias dilatorias y comiencen una devolución ordenada de todas las cantidades irregularmente cobradas".
A juicio de la OCU, los notarios y registradores "ya no tienen excusa para demorar ni un minuto más la devolución de todos los importes indebidamente cobrados a cientos de miles de consumidores". A lo largo de 2010, según sus cálculos, de las 372.042 cancelaciones de hipotecas realizadas sobre viviendas, notarios y registradores podrían haber cobrado de forma indebida a sus clientes hasta 93 millones de euros.
Para la OCU, aunque el colectivo de notarios y registradores declaró estar a la espera de que la Justicia determinara la aplicación de los aranceles que debían cobrar al consumidor, "ese momento ha llegado y ahora la Fiscalía no hace sino recordar la obligación que tienen de devolver las cantidades cobradas de más".
