La Ley de Costas salvará de la demolición miles de viviendas y chiringuitos

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988, que ahora inicia su trámite en el Congreso. Cerca de 3.000 chiringuitos construidos en las playas y miles de viviendas asentadas en suelo de dominio público marítimo terrestre se salvarán de la demolición durante 75 años más.

cerca de 3.000 chiringuitos construidos en las playas españolas así como miles de viviendas asentadas en suelo de dominio público marítimo terrestre se salvarán de la demolición durante 75 años más, al haberse aprobado hoy en Consejo de Ministros un proyecto de ley que reforma la actual Ley de Costas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en rueda de prensa que la norma anterior, de hace 24 años, no ha cumplido "debidamente" sus objetivos de protección del litoral y del medio ambiente y ha creado "inseguridad jurídica".

La reforma está encaminada a proteger nuestra riqueza medioambiental, librar al litoral de atrocidades urbanísticas y además ha destacado que la Comisión Europea ha valorado muy positivamente este nuevo texto.

Se estima que hay unas 10.000 viviendas construidas en dominio público, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. En 2018 expirarían las primeras 1.100 concesiones, lo que obligaría a su demolición si no fuera por esta reforma.

La nueva norma, ha asegurado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, beneficia a quienes estaban legítimamente en la costa, pero "no es una amnistía de situaciones ilegales". Con la nueva norma, el Gobierno pretende acabar "con la indeterminación y ambigüedad existente desde hace décadas" que ha permitido, según Medio Ambiente, la proliferación de diversas ocupaciones irregulares.

Además, el Ejecutivo considera que la nueva Ley generará confianza en actividad económica al contabiliziar cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras "de un elevado volumen de empleo". Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y cerca de 3.000 'chiringuitos' (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).

El proyecto, valorado por la Comisión Europea por la seguridad jurídica que da a los propietarios extranjeros pero criticada por las ONG, amplía las concesiones a otros 75 años más a todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes, hoteles..) que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre.

Para los chiringuitos de playa desmontables la autorización será de 4 años cuando antes era solo de 1.

Se estima que solo en Andalucía, tanto los fijos como los desmontables generan más de 40.000 empleos. La anterior ley expropió a todos estos propietarios sus posesiones al fijar unas nuevas lindes; a cambio les otorgó concesiones por 30 años, que iban a empezar a expirar a partir de 2018.

La nueva ley va a permitir también que los concesionarios de estas casas podrán venderlas y hacer reformas si no aumentan su actual volumen ni altura. Así por ejemplo, y entre otras, serán beneficiados todos los propietarios, en su mayoría extranjeros, del complejo Empuriabrava (Cataluña), quienes elevaron una queja de la anterior situación ante el Parlamento Europeo.

Según Medio Ambiente, existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo, y más de 1.700 son ocupaciones industriales.

Estas industrias (químicas, extractivas, textiles, energéticas...) deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión.

Entre las novedades de la futura norma destaca la llamada "cláusula antialgarrobicos", que supondrá tolerancia cero frente a las agresiones en la costa y permitirá actuar al gobierno frente a los acuerdos municipales que aprueben obras contrarias a la ley.

Otra novedad es la distinción entre playas urbanas y playas naturales, incrementando la protección de estas últimas.

También se evita que se pueda adquirir de buena fe un inmueble en la costa y descubrir después que, en realidad, no se es propietario porque el bien está afectado por el deslinde del dominio público. Para ello se prevé la inscripción obligatoria de los bienes en el Registro de la Propiedad.

7,17 millones cuesta el derribo del hotel del Algarrobico

Arias Cañete ha anunciado que derribar la construcción de la promotora Azata en el paraje de El Algarrobico, en la costa de Carboneras, Almería, cuesta 7.175.000 euros. Arias Cañete ha explicado que el Ministerio y la Junta habían pedido un "primer presupuesto" que ha arrojado ese coste de 7.175.000 euros y que ambas administraciones están "plenamente de acuerdo" en actuar en este caso.Cabe recordar que el Ministerio y la Junta de Andalucía acordaron a principios del pasado mes de julio encargar a Tragsa un estudio técnico sobre el coste y las características técnicas de la demolición de la construcción, así como del tratamiento de los residuos y la posterior regeneración de la zona.El ministro ha incidido en que si los tribunales establecen definitivamente la ilegalidad de la construcción, que la licencia le fue concedida ilegalmente y que procede la demolición, el Gobierno y la Junta "han llegado a un acuerdo para proceder conjuntamente en su demolición".En la rueda de prensa, el ministro ha dicho que el Algarrobico es "la prueba evidente" de que esta nueva Ley de Costas servirá para actuar y demoler "todo lo que sea ilegal" en la costa. "Va a cambiar todo, lo ilegal será demolido", ha dicho el ministro, que ha añadido, en alusión a los chiringuitos que, además, "lo que era legal que estaba sometido a concesión se prorrogará a petición de sus titulares".Arias Cañete ha recordado también que la futura Ley de Costas incluye la denominada 'cláusula antialgarrobicos', que regula la posibilidad que tiene el Gobierno de suspender actuaciones urbanísticas ilegales en la costa para evitar "situaciones irreversibles" siempre dando la última palabra a los tribunales.Al respecto, ha recordado que ayuntamientos han dado licencias de construcción en contra legislación que luego han generado "situaciones muy complicadas de volver atrás", como es el caso del hotel de Azata, que el ministro ha calificado de "emblemático" en cuanto a la necesidad de poner en marcha mecanismos que permitan dar más seguridad jurídica y más facultades al Gobierno para que se aplique la Ley de Costas.