La Seguridad Social entra en zona de riesgo
Que nadie se deje eclipsar por los espejismos: abril ha sido un mes muy malo, deprimente pero esperado, para el empleo.
La Semana Santa ha proporcionado 50.000 nuevos cotizantes, pero su carácter coyuntural no debe impedir analizar rigurosamente la realidad. Persiste el goteo sistemático de destrucción de empleo estructural con pérdidas abultadas en la industria y la construcción, que se ha extendido ya a las administraciones públicas, a la educación o la información y comunicaciones. El efímero rayito del avance de 16.549 afiliados, ( o del descenso de poco más de seis mil parados) no puede ocultar el fuerte ajuste del empleo observado si se desestacionalizan los datos de abril: pérdida de 72.790 puestos de trabajo, mayoritariamente asalariados en el sector de los servicios y la construcción.
El descenso de cotizantes ocupados ha vuelto en abril a valores relativos de hace más de dos años, con una caída interanual del 3,2%, nada menos que 555.000 afiliados menos que en abril de 2011. Esta cifra empieza a ser más coherente con un descenso del Producto Interior Bruto muy cercano al 2% para este año, más pesimista que el estimados por el Gobierno, la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional. Hay que recortar que hace un año la destrucción de empleo medida por la afiliación era de un 1% (174.000 cotizantes menos), y que las cifras actuales solo se superaron en la crisis actual en 2009, cuando en términos anualizados en abril se habían perdido nada menos que 1,32 millones de cotizantes.
Con estas cifras de volumen de afiliados, la Seguridad Social empieza a pisar terreno pantanoso, con demasiada presión sobre sus pilares financieros. El número de afiliados medios ocupados ha bajado ya de los 17 millones (16,919 millones en abril), frente a los 19,17 millones que computaba en enero de 2008. La pérdida es de una magnitud preocupante: 2,25 millones de cotizantes, un 11,75%.
Tomando los datos a último día de abril (16.863.390 cotizantes ocupados), y dado que había en el sistema nada menos que 8.080.563 pensionistas, la tasa de cobertura financiera es de solo 2,08, expresada en número de cotizantes con empleo por pensionista. Esta ratio de cobertura se eleva a 2,44 si se computan los cotizantes desempleados, cuya aportación tiene valor financiero, pero no hay que olvidar que la realiza el propio sistema, que cambia de bolsillo los recursos. Además, esta aportación de los desempleados, como pasivos que son, es finita en el tiempo.
Esta tasa de cobertura está en el límite de lo sostenible, y es la más baja de cuantas se registran en el sistema en los últimos 25 años. Las finanzas de la Seguridad Social ya están en terreno de riesgo, puesto que no hay superávit de explotación como tal (entendido por tal el que se obtendría de los ingresos por cuotas tras pagar las prestaciones). Evidentemente la Seguridad Social tiene un buen saldo en el Fondo de Reserva, aunque todos estos recursos, no nos olvidemos, están gastado en títulos de deuda española, que, evidentemente se pueden vender si fuese necesario para abonar una nómina de la Seguridad Social. Pero si se hace, se vende en pérdidas a los precios de hoy en el mercado secundario.
Las estimaciones macroeconómicas no apuntan nada bueno para las finanzas de la Seguridad Social este año. Los gastos podrían estar muy ajustados en la presupuestación, pero los ingresos, que dependerán de la evolución del empleo y los salarios, no son fáciles de prever. El propio cuadro macroeconómico del Gobierno estima una pérdida de empleo muy abultada, de tal tamaño que haría casi imposible cuadrar el presupuesto de ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social.
Pero más allá de este año, si no se recompone pronto el crecimiento económico y la generación de empleo nuevo, la Seguridad Social estará sometida a tensiones financieras muy serias. El marchamo de las variables más sensibles, cotizantes y pensionistas y los valores cuantitativos de aportaciones y prestaciones, puede hacer inútil la reforma del sistema aprobada en 2010, y exigiría un adelanto de su ejecución, cuando no un endurecimiento de sus condiciones de cotización y de acceso a la pensión. La presión demográfica empieza a ser fuerte, y doblemente peligrosa por la situación de crisis económica muy prolongada, con un escenario de empleo muy poco diáfano.
Los gestores de la Seguridad Social deberían dar una pensada a esta situación de riesgo más pronto que tarde, porque una sombra de duda sobre la viabilidad del sistema de pensiones es el argumento que más agarrota las expectativas de la población, y su expresión sobre el consumo y la inversión.
