Las comunidades que incumplan el déficit se enfrentan a una multa del 0,2% del PIB
Las comunidades autónomas y grandes ayuntamientos que incumplan su plan de reequilibrio financiero para corregir su desviación del déficit se enfrentarán a multas del 0,2% del PIB y a una intervención de sus cuentas públicas.
La reforma constitucional aprobada por el PP y el PSOE para blindar el equilibrio de las cuentas públicas ha comenzado a desarrollarse con la aprobación esta mañana en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria. El ministro de Hacienda y Aministraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que las comunidades autónomas y grandes ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que incumplan su plan de reequilibrio financiero para corregir su desviación del déficit deberán constituir un depósito del 0,2% de su pib nominal, que a los seis meses se convertirá en multa efectiva. A los nueve meses de prolongarse la situación de desequilibrio el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas enviará una delegación para intervenir dicha administración. "La visita no es una visita de cortesía", ha declarado irónicamente Montoro.
El anteproyecto se remite ahora al Consejo de Estado y a todos los grupos parlamentarios. Aunque se apruebe a corto plazo en las Cortes, se establece un "periodo transitorio hasta 2020 para cumplir los límites" de deuda y déficit marcados en la norma. Esta obligará a que las administraciones reduzcan la deuda "siempre que la economía crezca". "Cuando la economía nacional alcance el 2% de crecimiento o se genere empleo la obligación será reducir dos puntos el peso de la deuda sobre el PIB", ha comentado Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El déficit estructural del conjunto de las administraciones públicas se deberá reducir el 0,8% anual. En cualquier caso, en 2018 se revisará la senda de déficit y deuda.
"Somos el unico país del euro que tiene una ley de esta naturaleza. Esa es la manera de superar la crisis y volver al crecimiento", ha manifestado Montoro. "Es una ley que prohíbe el déficit. Estamos apostando a la estabilidad del euro desde nuestra propia disciplina como país", ha añadido el ministro. "Hay que aceptarlo con naturalidad porque es el sistema en el que nos estamos integrado en la Unión Europea".
El anteproyecto introduce la deuda publica "como criterio de sostenibilidad presupuestaria". Siempre deberá estar por debajo del 60% del PIB y todas las administraciones deberán presentar superavit en términios SEC. El déficit estructural del conjunto de las administraciones no podrá exceder el 0,4%, "salvo catástrofes, recesión y emergencia extraordinaria". Se establece también un techo de gasto para todas las administraciones, que ahora solo obliga a la Administración General del Estado.
El gasto de las administraciones no podrá aumentar por encima del incremento del PIB y "la prioridad será pagar primero intereses de deuda para dar seguridad máxima" a los inversores internacionales.
El incumpliciento del objetivo de déficit exigirá la elaboración de un plan de reequilibrio a un año, pero se persiste el desequilibrio la administración tendrá que aprobar un acuerdo de no disponibilidad de créditos que asegure los objetivos marcados en la ley.