La Comunidad Valenciana eleva la presión para fiscalizar a los grandes municipios
La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, el organismo encargado del control económico y presupuestario de los organismos públicos, fiscalizará las cuentas de los municipios mayores de 50.000 habitantes y de las diputaciones provinciales, según consta en el Programa Anual de Actuación 2011 que esta institución entregó ayer en el parlamento autonómico.
En el mismo, los responsables de este organismo de control explican que el programa para el presente ejercicio fija tres objetivos centrales: incrementar la fiscalización sobre las principales entidades locales de la Comunitat, reforzar la auditoría operativa y mejorar el sistema de control de calidad.
Este organismo ya había solicitado hace seis meses el establecimiento de un régimen sancionador que penalizara la no rendición de cuentas de los municipios y entes locales. De hecho, la Sindicatura consideraba que su control sobre los ayuntamientos era insuficiente y que estos "realizaban importantes incumplimientos en la gestión de fondos públicos". De hecho, una de las ideas que sugirió fue la rendición de cuentas a los ayuntamientos como "requisito indispensable" para la concesión de ayudas públicas.
El plan diseñado por la Sindicatura para este año establece la fiscalización de las cuentas de tres municipios que no las han presentado. Posteriormente, iniciará la progresiva fiscalización de las localidades mayores de 50.000 habitantes y de las diputaciones provinciales.
Del resultado que se obtenga de esos estudios, el organismo programará la fiscalización a realizar en un horizonte plurianual.
Este estudio se unirá al informe de la cuenta general de las entidades locales, sobre los 860 organismos locales valencianos, y al seguimiento sobre la aplicación de la Ley de Contratos.
Respecto al sector autonómico, además de la fiscalización de la Generalitat y de empresas públicas, entidades autónomas y fundaciones, la Sindicatura realizará un seguimiento sobre la aplicación de la Ley de Contratos y realizará una revisión de la plataforma de contratación de la Generalitat y un estudio sobre los sistemas informáticos para la gestión de la contratación de la Consejería de Sanidad, según las mismas fuentes.