Los 27 buscarán un acuerdo para endurecer las sanciones contra los países con déficit excesivo
Los ministros de Economía de la Unión Europea tratarán de sellar el mañana un acuerdo final para endurecer las sanciones a los países de la eurozona con déficit o desequilibrios excesivos. La reforma es una iniciativa de Alemania para fortalecer la disciplina presupuestaria y evitar que se repitan crisis de deuda como la que ha afectado a Grecia, España, Portugal o Irlanda.
En estas negociaciones, España se encuentra aislada en su oposición a que se castigue con multas a los países que pierden competitividad, informaron fuentes comunitarias. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, se niega alegando que ello no depende directamente de la acción de los Gobiernos. Pero el resto de Estados miembros de la eurozona apoya esta iniciativa para evitar que los desequilibrios en un país, como la burbuja inmobiliaria en España o Irlanda, amenacen la estabilidad de la eurozona.
La de mañana será la última reunión de ministros de Economía de la UE consagrada a la mejora del gobierno económico de la UE en el grupo dirigido por el presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. Los Veintisiete se han marcado como objetivo alcanzar un acuerdo final en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará los días 28 y 29 de octubre.
Este pacto dejará fuera dos cuestiones: la suspensión del derecho de voto en los Consejos de ministros de la UE a los países incumplidores, como quieren Alemania y el Banco Central Europeo (BCE), porque exigiría una reforma del Tratado; y la posibilidad de hacer permanente el fondo de rescate de 750.000 millones de euros que se creó en mayo, ya que Berlín lo rechaza si no se prevé la posibilidad de quiebras controladas de Estados. Los líderes europeos deberán decidir si prosiguen la negociación sobre estos dos temas los próximos meses.
Pero sobre la cuestión de los castigos también persisten las diferencias, aunque las fuentes consultadas creen que habrá acuerdo porque los mercados podrían castigar el martes la deuda pública de los países periféricos si la UE es incapaz de cerrar su nuevo marco de disciplina presupuestaria en el plazo que se había marcado.
La Comisión Europea ha propuesto sanciones de hasta el 0,2% del producto interior bruto (que en el caso de España supondrían 2.000 millones de euros) para los países con déficit excesivo. Los nuevos castigos se activarán incluso antes de que se supere el umbral del 3% de déficit público previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).
De hecho, si un país no realiza los ajustes necesarios para acercarse al equilibrio presupuestario, Bruselas le obligará a bloquear un depósito generador de intereses del 0,2% de su PIB. Cuando se sobrepase el 3% de déficit se retendrán los intereses, y el depósito se transformará en una multa si el Gobierno afectado no ha tomado las medidas exigidas para corregir el déficit.
Las sanciones se activarán de forma semiautomática a propuesta de la Comisión, ya que se prevé un mecanismo de "mayoría reversa", lo que quiere decir que la propuesta de sanciones presentada por Bruselas se considerará adoptada a menos que el Consejo la rechace por mayoría cualificada. Algunos países, como Francia, rechazan este automatismo, al menos en la fase de alerta temprana.
Para el futuro, Bruselas quiere también que se suspendan los fondos estructurales y las ayudas al desarrollo rural a los países con déficit excesivo. La vicepresidenta del Gobierno lo ha rechazado.
Todos los Estados miembros creen que debe tenerse más en cuenta el límite del 60% de deuda previsto en el PEC y que hasta ahora se ha ignorado, pero difieren en cómo hacerlo. Bruselas ha propuesto que un país que no supere el umbral del 3% de déficit pero que tenga una deuda por encima del umbral sea objeto de un expediente por déficit excesivo si no ha logrado rebajarla en un determinado porcentaje durante los tres últimos años.
Los países con deuda más alta, como Italia o Bélgica, lo rechazan. Y los países del este quieren que se tenga en cuenta el esfuerzo que han hecho para reformar sus sistemas de pensiones y su impacto en la deuda.
Por lo que se refiere al nuevo procedimiento por desequilibrios excesivos, Bruselas ha propuesto multas de hasta el 0,1% del PIB (en el caso de España, 1.000 millones de euros) para los países de la eurozona que no adopten las medidas recomendadas para frenar su pérdida de competitividad, por ejemplo para los que no eviten la aparición de burbujas inmobiliarias.
Este nuevo sistema de vigilancia se basará en una serie de indicadores para detectar de forma precoz cualquier desequilibrio que amenace la estabilidad de la economía europea. Los Veintisiete ya se han puesto de acuerdo a nivel técnico en nueve indicadores: se trata del balance por cuenta corriente, la posición neta de activos exteriores, el tipo efectivo de cambio real basado en los costes salariales unitarios, el tipo efectivo de cambio real basado en el deflactor del PIB, los precios de la vivienda, la deuda del Gobierno y el ratio de crédito al sector privado en porcentaje del PIB.
El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, espera que las nuevas sanciones puedan aplicarse ya a partir del verano de 2011. Otras fuentes explicaron que lo más probable es que no entren en vigor hasta 2012 y que no tengan carácter retroactivo para los países que están ya expedientados por déficit excesivo, entre los que se encuentra España.