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Piden medidas para despejar el futuro nuclear

Los partidos defienden que los consumidores soporten el coste de las energías renovables

El futuro energético hasta 2020 ya es contemplado con un cierto grado de consenso por las fuerzas políticas, según se recoge en el documento analizado por la subcomisión de Industria que finalizará sus trabajos en septiembre. En la parte del informe ya consensuado, al que ha tenido acceso Cinco Días, se apuesta porque sean los consumidores los que soporten el coste de las energías renovables y por despejar también el escenario de las centrales nucleares.

La parte del informe cuyas conclusiones ya han obtenido el acuerdo de los diferentes grupos parlamentarios recuerda que las energías renovables han tenido un desarrollo muy superior en el sistema eléctrico y apuesta por analizar la posibilidad y la conveniencia de que sus costes sean soportados por el conjunto de los consumidores del sistema energético español, "dado que los objetivos y el fomento de estas tecnologías favorecen al conjunto de la sociedad en múltiples ámbitos y no sólo a los consumidores eléctricos que son los que asumen todo su coste actualmente".

Hay también acuerdo parlamentario para fomentar la utilización del gas natural en Baleares y Canarias y en la apuesta porque el carbón nacional participe en el mix energético.

Con respecto a la energía nuclear, la subcomisión defiende que debe continuar participando también en el mix energético "en similares porcentajes a los actuales". Las fuerzas políticas proponen también que se adopten medidas para definir el horizonte de las centrales nucleares a largo plazo.

Más información
Informe sobre el alcance del acuerdo energético

En la parte del informe que formará parte del documento definitivo que se aprobará en septiembre se recogen también apreciaciones sobre las centrales térmicas, el sector del transporte y el vehículo eléctrico, el sector de la edificación, las interconexiones eléctricas y de gas y el déficit de tarifa. En este último apartado, el Congreso instará al Gobierno a arbitrar medidas para solucionar este déficit, teniendo en cuenta que se trata de un problema "derivado de un fallo regulatorio".

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