A fondo

¿Una moratoria para las energías renovables?

En España, los términos moratoria y nuclear están íntimamente ligados desde los años 80, cuando el Gobierno decidió parar cinco centrales en proyecto. La medida se justificó oficialmente por el exceso de capacidad de generación en unos años de crisis económica y se tradujo un rescate financiero en toda regla para evitar la quiebra de las eléctricas. Para conjurarla, el Gobierno decidió que los consumidores pagaran en el recibo de la luz las inversiones realizadas por las empresas afectadas por la moratoria y, casi 30 años después, la deuda aún no ha sido saldada.

Ya fuese un error empresarial o de planificación, lo cierto es que, salvando las distancias, la sombra de otra moratoria, en esta ocasión para las energías renovables, vuelve a planear sobre el sector, aunque ahora, el que parece al borde la quiebra es el propio sistema eléctrico. En estos días, tras la decisión del ministro de Industria, Miguel Sebastián, de achacar el colapso tarifario al fuerte incremento de las primas que reciben las energías limpias, todas las miradas se dirigen al Gobierno. Estos incentivos superaron en 2009 los 6.000 millones de euros, casi el doble que en 2008 y más de un tercio de todas las partidas de la tarifa de acceso (o peajes) que pagan todos los clientes: los domésticos, que cuentan también con una tarifa propia (TUR) para la energía y las empresas, que compran ésta en el mercado libre.

A estas alturas, sean cuales sean las soluciones, hay una que resulta inevitable y sobre la que hay consenso: la necesidad de poner coto a unas instalaciones que, por sucesivos errores regulatorios y de planificación, han pasado, en el caso de la fotovoltaica, de los 450 MW de capacidad prevista en el Plan de Energías Renovables de 2005-2010 a los 3.460 MW actualmente en funcionamiento. A ellos se añade la incipiente termosolar, con 132 MW de potencia (cinco plantas) y la ya tradicional eólica, que, con un sistema diferente de primas, supera ya los 17.000 MW.

Sólo el recorte de primas no resolverá el problema de un sistema eléctrico que está al borde del colapso

Pero este portazo (en clara contradicción con los compromisos adquiridos con Bruselas de lograr que en 2020 un 20% de la energía final consumida proceda de fuentes renovables) sólo resultará sencillo para los proyectos nonatos. El problema se plantea para los que hayan adquirido algún derecho legal en el confuso mundo del prerregistro: a la vista de las avalanchas de solicitudes, no exentas de irregularidades, tramitadas por las comunidades autónomas, Industria decidió en 2008 controlar directamente el proceso de autorizaciones, con lo que se quedó con la patata caliente creando una ventanilla de acceso obligatorio para tener derecho a la retribución.

Según fuentes del sector, a algunos de estos casos y a los proyectos termosolares (hay solicitudes para un millar de megavatios) se les podría aplicar una moratoria. "Resultaría más barato para el consumidor devolver las inversiones de algunos proyectos -aseguran- que sostenerlos con las primas actuales". Uno de los más graves errores atribuidos a Industria es el de primar la instalación de placas fotovoltaicas en tejados. Porque, "¿quién no tiene un tejado?", se preguntan los críticos.

Pero ni detener la construcción de nuevas plantas ni compensar proyectos en marcha resolverá el problema, si no se aborda también un recorte de primas. Así lo entiende el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de ello parece haber convencido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hasta ahora reticente.

Y en este punto surge la tramposa polémica de si la medida puede ser o no retroactiva. Pese a su empeño, las empresas saben que el Gobierno puede cambiar la regulación para todas las instalaciones en marcha. De hecho, ya lo hizo en el real decreto del régimen especial de 2007. Eso sí, debe dar un plazo de adaptación a las afectadas (aquella norma fijó dio cuatro años a las eólicas) y respete la rentabilidad que determina la Ley Eléctrica se trata de la llamada retroactividad impropia, que el Tribunal Supremo ha admitido en tres sentencias posteriores a dicho decreto, y que, en su opinión, no provocaba inseguridad jurídica alguna. Pero en estos momentos, según las empresas, hay un peligro añadido: que la situación de la deuda española y una regulación negativa impidan titulizar el déficit de tarifa (una deuda pendiente de las grandes empresas), que contará con el aval del Estado.

Pero, aunque el Gobierno "pueda", otra cuestión es que "deba" cambiar la regulación para unas instalaciones (hay más de 51.000 fotovoltaicas, muchas de ellas producto de una burbuja económica), cuya financiación está ligada a la retribución (projet finance). En este caso, si se produce un recorte de las primas, las empresas se verían obligadas a refinanciar sus créditos.

En todo caso, si se impiden nuevos proyectos y no se aplica la retroactividad a los que ya existen, ¿de qué serviría un recorte de las primas?

Los distintos lobbies del sector intentan dejar claro estos días que "no todas las renovables son iguales". La eólica, que tiene la opción de ir al mercado (cobrando el precio que éste marque, compensado con una prima hasta 30 euros/MW), sólo cobró la mitad del total de las primas de 2009, cuando aportó la mitad de la producción del régimen especial (36.500 GWh). La fotovoltaica, con una prima de 432 euros/MW, se llevó la mayor parte, cuando sólo generó 5.950 GWh.

Si en el primer caso, el hundimiento de los precios del mercado hizo que casi todo lo cobrado fuese prima (que pagan los consumidores en la tarifa), en el segundo, ha sido la proliferación de fotovoltaicas la que, con una mayor producción, ha engrosado los incentivos de la factura eléctrica.

Sebastián, artífice del prerregistro y bajo cuyo mandato se han instalado 2.000 MW fotovoltaicos y se ha dado vía libre a la termosolar, culpa a su antecesor, Joan Clos, del desastre. Pero, fuentes próximas al Gobierno recuerdan que, mientras dirigía la Oficina Económica, se opuso al mayor recorte de la primas eólicas propuesto por el equipo de Clos.

A la vista de lo sucedido en 2009 en las negociaciones (que acabaron en agua de borrajas, según las empresas) para acabar con el déficit de tarifa, pocos confían en que los contactos anunciados sirvan ahora para mucho si no aborda las medidas propuestas entonces o una fuerte subida de tarifas. Una idea en la coinciden distintas fuentes consultadas es que, en esta ocasión, "ya no sirve contemporizar y alguien deberá pagar la factura".