El secuestro del poder político

Comentábamos ayer en esta columna que, más que regular los bonus a los banqueros para evitar tomas de riesgos innecesarias, quizá sea conveniente regular los riesgos por sí mismos. La intervención pública en este sector no sólo tiene justificación ahora que el dinero del contribuyente ha servido para respaldar la banca. Es una relación quid pro quo que nace del respaldo implícito de éstos al negocio bancario. Las garantías de depósitos y las facilidades de liquidez en el banco central son los mecanismos diseñados para evitar que la gente vaya a la entidad a reclamar su depósito. La contrapartida de este respaldo son las normas de capital y los coeficientes de liquidez.

Durante la crisis se han demostrado dos cosas. Una, que las consecuencias que acarrea una quiebra bancaria son difíciles de predecir, y peores en todo caso de lo que se pensaba. Y dos, que debido precisamente a eso el respaldo público para evitar las quiebras de los bancos es mayor que nunca.

En este contexto es imprescindible un nuevo marco. Es una incógnita si existe voluntad política suficiente como para imponer unos controles realmente efectivos y que hagan énfasis sobre las causas de la crisis, es decir, sobre los productos financieros complejos y opacos que permitieron ocultar y multiplicar el riesgo y, de paso, permitir ingresos milmillonarios a bancos y banqueros.

Así, si se habla de incentivos, cabe preguntarse qué incentivos tendrá el sector bancario si, por un lado, los gobiernos extreman su blindaje frente a los riesgos a los que se exponen y, en paralelo, no se controla hasta qué punto se asumen estos riesgos.

Hasta ahora el poder político ha estado secuestrado por el financiero, es decir, ha sido complaciente con la oligarquía bancaria. En parte por pereza intelectual y en parte para evitar que se acabe el mundo. Mañana y pasado veremos si sigue en este estado.