El Ejecutivo revisa el proyecto para modificar la ley de auditoría

El Gobierno modificará la ley de auditoría para adaptarla a la legislación comunitaria. El texto que llegó ayer a la mesa del Consejo de Ministros prevé elevar las exigencias de independencia de los auditores y limitará la responsabilidad que se les puede exigir por los delitos que puedan cometer las empresas que revisan.

El anteproyecto elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda modificará la Ley de Auditoría de Cuentas de 1988 y establecerá que los auditores sólo deben responder por los daños que les sean directamente imputables y no por los perjuicios causados por la entidad auditada o por un tercero.

æpermil;sta era una de las principales exigencias del sector de la auditoría, que ya había calado en la normativa europea y en la jurisprudencia española. El texto, que será sometido ahora a audiencia pública, también establece que sólo podrá exigirse la responsabilidad solidaria del auditor cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños y perjuicios o quedase debidamente probada la concurrencia de responsabilidades.

Además de exigir nuevos requisitos de independencia de los auditores, se fijarán obligaciones de transparencia siempre que el cliente sea una entidad de interés público, entendida como aquella que factura más de 50 millones de euros anuales o que está bajo la supervisión del Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y la CNMV.

Entre los nuevos requisitos de independencia, se establecerá la obligación del auditor de promover a nivel interno medidas de salvaguarda para "detectar, evaluar y, en su caso, eliminar los factores que comprometan su independencia respecto de los clientes a los que presta servicio".