Las eléctricas piden que el déficit de tarifa sea 'trasvasado' al ICO
En las negociaciones con Industria para acabar con la lacra del déficit de tarifa, las eléctricas han pedido que, en tanto se siga generando esta deuda y pueda ser titulizada (para lo que solicitan el aval del Estado), la financiación de la misma sea 'trasvasada' al ICO. Además, el sector se niega a pagar en solitario el bono social que se aplicará a clientes de rentas bajas a partir de julio y pide la 'cooperación' de las comunidades autónomas o el Estado.
Las eléctricas han sacado toda su artillería reivindicativa en las negociaciones que mantienen con elMinisterio de Industria para poner freno al déficit de tarifa, que es el que se genera cuando los ingresos vía tarifa no cubren los costes que tienen reconocidos por ley. En definitiva, una deuda que los consumidores mantienen con las empresas que sumaba casi 13.000 millones a final de 2008, de los cuales, unos 6.000 millones están sin titulizar.
Unesa entregó en diciembre al ministerio un documento, al que ha tenido acceso CincoDías, con las bases para un posible acuerdo. En él, la patronal establece como uno de los principios básicos para un entendimiento que la Administración garantice "la recuperación del déficit incurrido hasta la fecha" y que se otorgue el aval del Estado para el no titulizado. Una garantía "similar a la que se dio en su día a la moratoria nuclear", señala.
Además, y esta es la gran novedad, exige que si, por cualquier circunstancia, el déficit no pudiese ser cubierto, "su financiación será trasvasada a entidades financieras, por ejemplo, el ICO". En este sentido, añade, "se derogará la disposición que obliga a las empresas a asumir esta financiación". En su carta, las empresas se quejan de que el déficit sin titulizar ha disparado su deuda; de que el dinero en los mercado de capitales se ha encarecido cuando necesitan financiar "el nuevo ciclo inversor".
Aunque el ministro de Industria,Miguel Sebastián, ha prometido que los déficit futuros se corregirán con el esfuerzo a partes iguales de consumidores (con subidas de tarifas); empresas (asumiendo algunos costes) y Administración o contribuyentes (trasladando a los Presupuestos ciertas partidas tarifarias). Sin embargo, las eléctricas consideran que "el esfuerzo principal debería recaer en la Administración y en los clientes" (con subidas de las tarifa s de acceso del 40% anual durante dos años) pues ellas no son responsables de un déficit, que "ha venido motivado por no trasladar a tarifas el valor de la energía".Un valor, por otra parte,marcado por los precios del mercado mayorista que ellas controlan.
De hecho, respecto a uno de los esfuerzos que les ha pedido el ministerio (que paguen el coste del bono social que se aplicará a partir de julio a los clientes con rentas bajas), las empresas no quieren asumirlo en solitario. Están dispuestas a pagar parte de este descuento a través de la tarifa de acceso, pero exigen también que se financie a través del Impuesto de la Electricidad (que recaudan las comunidades autónomas) o de aportaciones de los Presupuestos del Estado. Se trata, según desvela el documento de Unesa, de que los clientes sociales no tengan subidas de la factura eléctrica por encima del IPC. El bono se gestionaría a través de un fondo, para el que las eléctricas se comprometen a hacer "una aportación inicial de una vez, en una cuantía a determinar".
El segundo esfuerzo solicitado por Industria es el apoyo de las eléctricas a los grandes clientes industriales, cuya tarifa desaparece en julio. El sector parece dispuesto a establecer para ellos "vías de contratación adecuadas a sus necesidades" (que no concreta), y aplicar "una tarifa de acceso diferenciada del resto de consumidores".
El resto son partidas menores, como la asunción de costes de algunas medidas de eficiencia energética, como el de la facturaciónmensual (unos 100 millones al año) y la implantación de contadores telemáticos.
Un acuerdo en revisión por Economía yMoncloa
El acuerdo "global sobre la necesidad de acabar con el déficit de tarifa" al que hizo referencia el Ministerio de Industria a finales de diciembre para justificar la subida media de más de un 4,6% de enero se basaba en un documento entregado por Unesa en esas fechas.En él, las empresas recogieron sus ofertas y sus demandas, con una inclinación casi total de la balanza hacia sus intereses. De hecho, una de las premisas del documento es que el esfuerzo "principal" para una solución al déficit tarifario deben hacerlo los consumidores y contribuyentes (vía Presupuestos), desbaratando la teoría de los tres tercios de Miguel Sebastián.Sea como fuere, el acuerdo, que las empresas daban por cerrado en enero, quedó en suspenso. De hecho, el propio titular de Industria llegó a asegurar públicamente que "se había olvidado de las eléctricas". Los contactos entre el ministerio y las empresas se evaporaron hasta hace varios días en que se han retomado "de forma intensa", según fuentes del sector.Estas mismas fuentes consideran que, a la hora de sellar el acuerdo, Sebastián tropezó con Economía y con Moncloa, que lo consideraban demasiado favorable a las empresas, por lo que optaron por analizarlo a fondo. Otras versiones apuntan a que el Gobierno ha preferido esperar a las elecciones en Galicia y el País Vasco para una solución que podría tener coste político. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseguró recientemente que el déficit se podrá titulizar con aval público antes de junio, pues los desarrollos normativos se aprobarían en marzo.