El Ejecutivo aprueba la moratoria en el pago de hipotecas a los parados
El Consejo de Ministros aprueba este sábado buena parte de las medidas anunciadas por el Gobierno elpasado lunes para apoyar a los parados y a las familias ante la crisis que atraviesa la economía española. Deja algunas de ellas, a la espera de que los sindicatos le den el visto bueno.
En concreto, da el visto bueno a la posibilidad de moratoria de dos años a los parados, pensionistas y autónomos inactivos para el pago de la mitad de su cuota hipotecaria, hasta un máximo de 500 euros al mes. Esta medida, de la que se beneficiarán unas 500.000 familias, supone el aplazamiento de la obligación del pago durante 24 mensualidades, mientras que las cantidades aplazadas se compensarán a partir del 1 de enero de 2011 mediante su prorrateo entre las mensualidades que resten para la satisfacción de la hipoteca. El ICO garantiza la operación a la banca en el caso de que se produzcan impagos.
Además, se amplía de cuatro a seis años el plazo para comprar una casa utilizando una cuenta de ahorro vivienda. Eso sí, sólo se podrán aplicar deducciones fiscales durante los primeros cuatros años, como hasta ahora. Esta ampliación excepcional, que expirará el 31 de diciembre de 2010, beneficiará a los contribuyentes con cuentas que concluyeran en 2008, 2009 y 2010, quienes tendrán que materializar la adquisición de vivienda antes de esa fecha.
Además, el Gobierno concede un plazo adicional para vender la vivienda habitual cuando previamente se haya adquirido otra. En este momento, para que la ganancia patrimonial obtenida en la transmisión de la vivienda habitual esté exenta de tributar, es necesario reinvertir el importe obtenido en la adquisición de una vivienda en los dos años anteriores o posteriores a dicha transmisión.
En cuanto al paquete de medidas sobre empleo, sólo se aprueba este sábado dos de las medidas. Una de ellas es la nueva bonificación de 1.500 euros anuales para incentivar la contratación indefinida de parados con cargas familiares. La otra es la ampliación del 40% al 60% del porcentaje de la prestación por desempleo que los parados pueden capitalizar para convertirse en autónomos.
No se aprueba, de momento, a la espera de consensuarlo con los sindicatos, la bonificación para empresas que creen empleo en sectores estratégicos y la regulación de las empresas de recolocación en los expedientes de regulación. El Gobierno también está estudiando la mejora de las líneas de financiación del ICO.