El ICO concederá 3.000 millones en avales para financiar vivienda protegida
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) concederá avales a fondos de titulización de activos hasta una cuantía de 3.000 millones de euros para facilitar la financiación en la adquisición de viviendas protegidas (VPO), según consta en el informe que el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, transmitió el viernes al Consejo de Ministros.
El objetivo de esta medida es estimular el uso de recursos financieros a través del mercado de capitales para financiar la adquisición de casas de protección oficial, y complementar así la política que el Gobierno ha desarrollado desde el inicio de esta legislatura.
Para obtener estos avales, el activo de los fondos de titulización debe estar constituido, en al menos un 80%, por préstamos y créditos cuya finalidad sea la adquisición de vivienda protegida, explicó la vicepresidenta del Ejecutivo María Teresa Fernández de la Vega.
Además, las entidades de crédito que hayan cedido estos préstamos o créditos al fondo deberán comprometerse a reinvertir la liquidez obtenida en un año a partir de la constitución del fondo y a destinar al menos el 80% a financiar la adquisición de viviendas protegidas. Finalmente, si las sociedades gestoras de fondos presentan solicitudes de avales superiores a los 3.000 millones de euros disponibles, se distribuirá entre los solicitantes a prorrata, aunque en ningún caso un solo fondo podrá recibir un aval que suponga más del 25% de la cantidad total disponible.
Por otra parte, el Gobierno estableció el viernes en el Consejo de Ministros que tiene legitimidad para regular ayudas a los jóvenes en materia de vivienda a pesar de las competencias exclusivas que las comunidades autónomas ostentan en este ámbito. Para el Ejecutivo 'resulta patente su legitimidad' en dicha materia debido a la 'necesidad de garantizar' que todos los ciudadanos disfruten de las mismas posibilidades para acceder a una casa. De esta forma responde a los requerimientos de incompetencia que sobre esta cuestión habían formulado los Ejecutivos regionales de Madrid, Comunidad Valenciana y La Rioja.