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Anteproyecto de Ley

España podrá perseguir fuera de su territorio el tráfico ilegal de inmigrantes

El Consejo de Ministros recibió el viernes un informe del ministro de Justicia sobre el anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para perseguir 'extraterritorialmente' el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas.

Según informó el Gobierno, los tribunales españoles no tienen en estos momentos jurisdicción extraterritorial para la instrucción y enjuiciamiento de este tipo de hechos, salvo si el tráfico de seres humanos detectado en aguas internacionales está orientado a la explotación sexual de los mismos.

Cuando quede aprobada tal modificación, España podrá enjuiciar el tráfico ilegal de seres humanos y dar el necesario trato humano a los inmigrantes, así como proteger plenamente sus derechos 'a la vista del inabarcable flujo migratorio de nuestro país'.

Según precisó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta reforma permitirá a jueces y fiscales perseguir 'fuera de España' estos delitos y a los delincuentes, 'más allá de las fronteras'. Agregó que se trata de una 'criminalidad transfronteriza' que se aprovecha de los más desvalidos.

El anteproyecto incorpora el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas entre los delitos en los que la jurisdicción española es competente para 'conocer de los hechos cometidos fuera del territorio nacional'.

Los otros delitos ya incluidos son genocidio, terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, falsificación de moneda extranjera, los relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces, tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes y los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España. 'Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.'

El flujo migratorio proviene, en gran medida, según el Gobierno, del 'notable aumento de las actividades de los grupos delictivos organizados' en relación con el tráfico ilícito de inmigrantes, que día a día ponen en peligro su vida.

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