El Estatuto castellano-manchego entra pactado en el Congreso
Con el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales, el nuevo Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha entró ayer en el Congreso para su ratificación parlamentaria. El PSOE introducirá enmiendas en la regulación de la política del agua, aspecto que sigue enfrentando a esta comunidad con las de Valencia y Murcia.
La disposición transitoria del nuevo Estatuto en la que se prevé la reducción paulatina del agua que viaja desde la cabecera del Tajo al Segura hasta la finalización definitiva del trasvase en 2015 sigue siendo la parte más polémica del Estatuto castellano manchego y la que enfrenta internamente a las organizaciones regionales del PSOE y el PP de esta comunidad con las de Valencia y Murcia. Para superar esta situación que puede volverse todavía más polémica en plena precampaña para las elecciones locales y autonómicas de mayo, el Grupo Socialista estudia la introducción de enmiendas al texto procedente del Parlamento regional con el fin de contentar a todas las partes. No va a ser una tarea fácil.
El PSOE y el PP castellano manchego consideran que 2015 da un horizonte temporal lo suficientemente amplio como para que los dos millones de personas que beben agua gracias al trasvase puedan servirse de infraestructuras alternativas, especialmente las desaladoras. El Estatuto que ayer entró en el Congreso prevé que el agua que se vaya generando mediante estas infraestructuras sustituya gradualmente a los aportes del Tajo-Segura. La Junta de Castilla-La Mancha, según reza el Estatuto, emitirá un informe preceptivo y determinante sobre cualquier propuesta de cesión o transferencia de agua que afecte a la comunidad y reserva al Gobierno regional el derecho de utilizar esos recursos para atender a las necesidades de la propia región. Si se aprueba el Estatuto en los términos actuales, la Junta también tendrá presencia, voz y voto en los órganos de gestión y decisión del agua.
Inversión estatal
El modelo de financiación incorporado al Estatuto establece que la inversión estatal en esta comunidad equivaldrá a la media de lo que supone la aportación de la misma al PIB nacional, siguiendo el ejemplo de Cataluña. No obstante, en Castilla-La Mancha se tendrá también en cuenta la población así como el porcentaje de la extensión de su territorio dentro del total nacional.
Por otra parte, el secretario regional del Partido Popular, Vicente Tirado, propuso ayer crear una comisión conjunta PP-PSOE que 'al día siguiente de que se apruebe definitivamente el Estatuto' empiece a trabajar y estudiar la Ley Electoral 'y determinar, con el consenso de todos, cuál es el número de diputados que debe tener cada provincia de Castilla-La Mancha'. La reforma de la ley electoral se ha convertido ahora en uno de los asuntos más polémicos en la región.
Murcia se plantea ir al Tribunal Constitucional
El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, se plantea la posibilidad de recurrir el Estatuto de Castilla-La Mancha al Tribunal Constitucional por las previsiones que contiene sobre el trasvase del Tajo, a pesar de que el partido al que pertenece lo ha consensuado con los socialistas en esta última región.A juicio de Valcárcel, Castilla-La Mancha tiene agua suficiente sin necesidad de blindar el Tajo en el Estatuto.La candidata del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha advertido que mantendrá su posición de apoyo a la reforma del Estatuto de autonomía, a pesar del recurso de inconstitucionalidad que se plantea presentar el Gobierno de Murcia ante el Constitucional. La comunidad valenciana se plantea una medida similar.