El Consejo de Política Fiscal distribuirá el coste de la dependencia
El Ministerio de Trabajo llegó ayer a un principio de acuerdo con la patronal y los sindicatos sobre la futura ley que establecerá el sistema nacional de atención a 1.350.000 personas dependientes, que no pueden valerse por sí mismas en su vida diaria.
El texto al que ha tenido acceso Cinco Días y que estudiará el Consejo de Ministros el viernes, desvela que la parte de financiación del futuro sistema que corresponderá de las Administraciones Públicas 'se determinará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera', órgano de enlace entre el Gobierno y las comunidades en materia económica.
El acuerdo establece que la aportación del Estado 'será del 50% de la financiación pública del coste nuevo que represente la implantación del sistema'. Aunque el texto no especifica qué peso tendrá la financiación pública y qué parte pagarán los usuarios.
El documento señala que 'los beneficiarios contribuirán económicamente a la financiación de los servicios de forma progresiva en función de su capacidad económica personal'. Si bien 'ningún ciudadano en situación de dependencia quedará sin atender por falta de recursos'.
Habrá dos tipos de servicios: para la promoción de la autonomía personal (teleasistencia, accesibilidad del hogar); y los de atención al ciudadano (ayuda a domicilio, centros de día y noche y residencias. Se dará prioridad a las prestaciones públicas y sólo 'de no ser posible' de dará una ayuda para la compra de atención privada. La ley será una 'norma básica' que 'garantice el derecho a ser atendido en situaciones de dependencia'. Y fijará 'las condiciones básicas y los requisitos de acceso a los servicios y prestaciones en condiciones de equidad en todo el Estado'.
Coste del sistema
En Gobierno y los interlocutores sociales han calculado que la puesta en marcha del sistema nacional de dependencia costará unos 7.000 millones de euros hasta 2015. Desde entonces, una vez implantado el sistema, el coste anual será del 1% del PIB.