Los socialistas se oponen a mantener sociedades en el 32,5% en Álava y Vizcaya
Las Juntas Generales de Vizcaya y Álava han aprobado, en medio de la polémica, sendos decretos de Medidas Tributarias de 2005, en los que mantienen en el 32,5% el tipo impositivo en el Impuesto sobre Sociedades, mientras que en el resto de España es del 35%. Precisamente el tipo impositivo vasco fue anulado en marzo por una sentencia del Tribunal Supremo.
Las Administraciones vascas, que han recurrido ante el Tribunal Constitucional, no han logrado que la sentencia del Supremo quede en suspenso hasta que se pronuncie el Constitucional.
A pesar de todo, en medio de una gran controversia política, las Diputaciones han decidido mantener el tipo impositivo en el 32,5% en la nueva regulación que aprueban estos días las Juntas Generales para dotar de seguridad jurídica a las empresas en sus obligaciones con el fisco durante 2005.
Vizcaya y Álava han ratificado ya sus nuevas normativas y en los próximos días lo hará Guipúzcoa en un sentido similar. La nueva regulación ha contado con el apoyo de PNV, EA y PP, mientras que Izquierda Unida se ha opuesto y los Socialistas abstenido.
Pero la posición Partido Socialista de Euskadi es la más polémica de todas, ya que se ha opuesto rotundamente a que se mantenga el tipo impositivo hasta que resuelva el Constitucional y, en el caso de Álava, han llevado el asunto ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava para que dirima si mantener el 32,5% de tipo impositivo constituye un desafío a los tribunales y presunta prevaricación.
Sin embargo, en Vizcaya, los Socialistas mantienen una posición más suave y se limitaron a oponerse al precepto del tipo del gravamen, mientras indican que deberá ser la Fiscalía de la Audiencia de Vizcaya la que decida de oficio si actúa o no.
El PSE conceptualmente está conforme un impuesto sobre sociedades del 32,5%, pero hasta que se aclare la situación por parte del Tribunal Constitucional proponen que modifique al 35%.
La controversia política y judicial ha motivado que las patronales vascas, que defienden la capacidad normativa del Concierto Económico, pidan a las fuerzas políticas un marco estable y seguridad jurídica para su actividad.