La diputación de Guipúzcoa impugna la anulación de las ventajas fiscales vascas
El portavoz de la Diputación foral de Guipúzcoa, Koldo Azkoitia, anunció ayer que esta institución impugnará ante el Tribunal Supremo la sentencia que anula las principales ventajas fiscales del Impuesto de Sociedades para el País Vasco. En el recurso, en el que la Diputación pedirá la nulidad de las actuaciones, se solicitará también la suspensión de la resolución judicial.
El representante de la Diputación guipuzcoana indicó que se trata de una decisión que se tomó en la reunión del Consejo de Diputados, donde, además, se decidió que, subsidiariamente, se planteará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, si su pretensión es rechazada por el Supremo.
Azkoitia precisó que este acuerdo responde a la voluntad 'común' expresada en la reunión que mantuvieron ayer representantes de las tres Diputaciones Forales con el Gobierno vasco, y, según precisó, será 'la herramienta a seguir' ante la sentencia del Tribunal Supremo.
En concreto, fuentes de las instituciones vascas manifestaron a Europa Press que ésta será la estrategia por la que optarán, también, las Diputaciones de Vizcaya y Álava, aunque, deberá ser ratificada por sus correspondientes Consejos de Gobierno.
Por su parte, el Gobierno vasco tiene previsto dar a conocer su postura en la reunión del próximo martes del Consejo vasco de Finanzas, según precisaron fuentes del Departamento de Hacienda.
El representante de la Diputación foral de Guipúzcoa añadió que, al pedir la suspensión de ejecución de la sentencia, se pretende trasladar un mensaje de tranquilidad a los agentes económicos y, especialmente, a los empresarios.
Por otra parte, Azkoitia indicó que no se ha avanzado 'nada en absoluto' sobre si se van a realizar cambios en la legalidad sobre el Impuesto de Sociedad, ya que se va a esperar a conocer los resultados de los recursos.
El Tribunal Supremo anuló recientemente buena parte de las ayudas fiscales de las diputaciones vascas a las empresas por considerarlas ayudas de Estado, así como la reducción del impuesto sobre los beneficios de las empresas.