El Gobierno obtiene amplio respaldo político para regularizar inmigrantes
El Gobierno ha recabado con éxito el apoyo de todas las fuerzas políticas y de los sindicatos para favorecer en el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería que los empresarios puedan contratar, sin exponerse a sanciones, a los inmigrantes ilegales que han trabajado a su servicio.
El Ejecutivo entregará mañana a sindicatos y empresarios el borrador del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería y que servirá de base, tras la oportuna discusión, al decreto que irá al Consejo de Ministros en un mes.
De los contactos entablados por el Gobierno con CEOE, CC OO, UGT y los grupos parlamentarios, hay coincidencia total en que el reglamento permita la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación ilegal sin penalización alguna para los empresarios, siempre que demuestren con el padrón que llevan residiendo en España al menos un año y que tienen una relación laboral.
También hay permeabilidad en el Ministerio de Trabajo a constituir un foro de seguimiento del proceso de regularización en el que estén representados el Gobierno, los sindicatos y los empresarios. Se trata de un proceso complejo, proclive a la picaresca, en el que pueden surgir situaciones conflictivas 'y el Ministerio está de acuerdo en que es vital nuestra presencia en este órgano de seguimiento', confirma el responsable de Migraciones de Comisiones, Julio Ruiz.
Es la propuesta que ha trasladado a la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, el portavoz de Iniciativa Verde-Izquierda Unida Joan Herrera, 'ya que la constitución de este foro sólo puede generar ventajas y garantizará un proceso de regularización ordenado'.
El diputado de CiU Carles Campuzano, que hoy volverá a abordar con Rumí el reglamento, considera que, pese a los 'riesgos evidentes' de que se produzcan fraudes, 'hay que permitir a los empresarios aflorar economía sumergida dándoles todo tipo de facilidades para legalizar a los inmigrantes en situación irregular'. En su opinión, el Gobierno no debe presentar el proceso 'como una amnistía porque el efecto llamada sería imparable'. A su juicio, las nuevas medidas deberán afectar también a las mujeres que, en número creciente, vienen a trabajar a España como empleadas de hogar.
Coalición Canaria ha hecho constar en la negociación con el Gobierno la singularidad de las islas. 'Es una de las comunidades más afectadas por la inmigración irregular', expone el presidente de CC, Paulino Rivero, 'y es urgente dotar de eficacia a los acuerdos firmados con Marruecos para frenar la continua llegada de ilegales'. Comparte con el resto de los grupos y con el Gobierno la conveniencia 'de dar a los empresarios todo tipo de facilidades, tasadas en el tiempo, para regularizar a trabajadores en situación irregular'.
Fuentes de Trabajo reconocen la complejidad del reglamento que permitirá la regularización. Nadie conoce en realidad a cuantos inmigrantes puede afectar pero los cálculos más realistas oscilan entre los 500.000 y los 800.000. 'Es aconsejable ser generoso en la fijación de las condiciones para aflorar más economía sumergida y permitir que aumenten los cotizantes a la Seguridad Social', señala Joan Herrera.
La Seguridad Social perdió en agosto más de 150.000 cotizantes respecto a julio debido al menor ritmo de afiliación de inmigrantes. En porcentaje, la afiliación de éstos últimos crece ahora a un ritmo del 12% anual mientras que antes lo hacía al 25%.
En Trabajo se afirma que 'habrá permeabilidad' a las sugerencias de sindicatos y empresarios en el diálogo que se reanuda mañana.
La prioridad de un acuerdo con el PP
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha mantenido conversaciones con la responsable de Participación en el PP, Ana Pastor, para alcanzar un acuerdo sobre el reglamento de la Ley de Extranjería y evitar que un asunto tan delicado se convierta en instrumento de la pugna política. En la reunión mantenida la semana pasada en La Moncloa por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el líder del PP, Mariano Rajoy, le ofreció un acuerdo de Estado sobre inmigración pero éste último no precisó la estrategia que seguirá su partido. En todo caso, dicho pacto no llegará antes del congreso que el PP tiene previsto celebrar en los primeros días de octubre.Fuentes gubernamentales reconocen la importancia de comprometer al PP en un acuerdo de esta naturaleza, pues es un partido que gobierna en más de la mitad de las comunidades. Además de la eficacia, está también la derivada política. 'No nos conviene en ningún caso regalar al PP una herramienta tan poderosa de desgaste político como puede ser la de la inmigración', reconocen estas fuentes.
Preocupa la alarma causada en Europa
El último informe semanal de Política Exterior se hace eco de la inquietud que se ha desatado en los gobiernos de Italia, Francia, Alemania, Holanda y Reino Unido por las medidas que estudia el Ejecutivo español para solucionar el problema de la inmigración ilegal, ya que todos estos países intentan bloquear la entrada de nuevos inmigrantes irregulares en el continente.La prensa europea ha informado sobre la nueva legislación que prepara España de forma simplista, hablando de la concesión de 'amnistía' a los trabajadores sin papeles y de cifras de beneficiarios que alcanzan al millón de personas.Fuentes gubernamentales reconocen su preocupación por la forma en la que algunos medios de comunicación han reflejado los planes de Trabajo, lo que ha contribuido a fomentar las mafias especializadas en la explotación de inmigrantes. UGT ha sido el primer sindicato en denunciar la proliferación de estas mafias, ante las que el Gobierno no ha permanecido pasivo. En lo que va de año, ha remitido a los juzgados 180 expedientes por falsificación de papeles de trabajo a inmigrantes.