La CE verifica que las ayudas a investigación no alteran la competencia

'Cuanto más cerca está el I+D del mercado, más significativo puede ser el efecto distorsionador sobre la competencia'. La Comisión Europea no parece albergar ninguna duda sobre la posibilidad de que ciertas subvenciones a la actividad empresarial de grandes compañías pueden camuflarse como una contribución a la investigación y desarrollo, y la actividad de la industria militar no escapa a la necesidad de que Bruselas verifique la finalidad de los subsidios públicos.

De hecho, los propios datos de la Comisión muestran que España ha destinado entre 1995 y 2000 la mayor parte de sus incrementos en inversión pública en I+D a la industria militar, un sector que ya capta el 30% de las ayudas en esta materia.

'Las autoridades nacionales deben demostrar que se trata de un incentivo necesario para el desarrollo de un proyecto y no de una ayuda operacional', recuerda el organismo comunitario, encargado de dar el visto bueno a las ayudas de Estado.

La Comisión revisa con especial atención las subvenciones que se conceden a grandes empresas durante la fase final de un proyecto de investigación. En el caso de que Bruselas considere legal esta ayuda, sólo suele permitir que cubra el 25% del presupuesto total del proyecto.

Fase de proyecto

Su tolerancia es mayor cuando se trata de los albores de un proyecto. El capital público puede financiar hasta el 75% de un estudio técnico sobre la viabilidad de una nueva idea y del 50% cuando se trata de estudios preparatorios para el desarrollo de un prototipo.

El límite de ayuda admitida en general se sitúa en el 50% del presupuesto, con ligeros aumentos si los perceptores son pymes o si el proyecto se desarrolla en regiones económicas desfavorecidas. El Estado también puede encargar proyectos de I+D al sector privado o adquirir el resultado de sus investigaciones. Si la adjudicación de estos contratos se realiza por concurso y a precio de mercado, Bruselas no considera que se trate de una ayuda de Estado.