Fungairiño pide el sobreseimiento del caso 'cesiones de crédito'
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ha solicitado el sobreseimiento provisional y el archivo del caso de las "cesiones de crédito", después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizara la semana pasada la apertura del juicio oral contra el presidente del SCH, Emilio Botín.
Fungairiño ha efectuado esta petición en un escrito enviado al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, encargado de abrir el juicio oral contra Botín y otros ex directivos de la entidad, por haber cooperado en la comisión de 38 presuntos delitos fiscales al comercializar las llamadas cesiones de crédito.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional argumenta su decisión de acuerdo con el artículo 641 primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que "procederá el sobreseimiento provisional -de las actuaciones- cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa". La petición de Fungairiño, dirigida al Juzgado Central de Instrucción 3, del que es titular Teresa Palacios, surge de la exigencia procesal de dar traslado al fiscal para que informe sobre la conveniencia de la decisión adoptada la semana pasada por la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional de abrir el juicio oral.
Apertura del juicio oral
El pasado martes 24 de junio se hizo publico un auto de la Sala de Lo Penal que autorizaba a Teresa Palacios a abrir el juicio oral y que también ordenaba juzgar a los imputados en el "caso de las cesiones de crédito" por falsedad documental. La Sala justificaba estas medidas porque los acusados habían cooperado en la comisión de los citados presuntos delitos al entregar a Hacienda "información inveraz" sobre los verdaderos inversores que adquirieron estos productos opacos al fisco, pese a que conocían "perfectamente" sus identidades.
La Sala rechazó así los recursos presentados por las defensas, el fiscal y el abogado del Estado contra el auto de la juez Palacios que decretó el final de instrucción con la inculpación de Botín, de los ex directivos del SCH y de 138 clientes del banco que adquirieron estos productos. El Banco Santander, el fiscal y el abogado del Estado pidieron el sobreseimiento del caso al considerar que no se podía abrir el juicio oral sin que haya acusaciones particulares, como ocurre en esta causa, en la que sólo hay acusaciones populares: Iniciativa Per Catalunya y la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes.
La Sala, no obstante, apreció una parte de los recursos y redujo de 138 a 38 los delitos fiscales propuestos por la juez Palacios, ya que entendía que en los cometidos en 1989 se aprecia delito fiscal al cooperar en ellos con información "inveraz" y no en los cometidos en 1988. La apertura del juicio oral sentará en el banquillo, además de a Botín, al ex jefe de la Asesoría Jurídica José Ignacio Uclés, el antiguo consejero Rodrigo Echenique, y al ex jefe central contable Ricardo Alonso Clavel.