El presidente no tendrá que dejar la entidad aunque acuda a la vista oral
El presidente del SCH permanecerá al frente del banco, ya que ni las normas legales en vigor ni las corporativas del propio SCH ni las del Banco de España le obligan a dimitir aunque se abra el juicio oral.
El hecho de que el presidente del SCH pueda acudir a juicio oral como imputado no afecta a su cargo. Según el artículo 2.4 del Real Decreto 1245/19992: 'No se considerará que hay falta de honorabilidad sobrevenida por la mera circunstancia de que, estando en el ejercicio de su cargo, un consejero o director sea inculpado o procesado'. El SCH insistió ayer, además, en que Botín no se plantea dimitir pese a que la Audiencia Nacional ha dado vía libre a la jueza Teresa Palacios para abrir juicio oral contra él por el caso de las cesiones de crédito.
Origen del caso de las cesiones de crédito: El caso se inició a finales de los ochenta, cuando un grupo de entidades iniciaron la comercialización de productos fiscalmente opacos a Hacienda: las cesiones de crédito y las llamadas primas únicas. El grupo Santander comercializó este producto de 1987 a 1991, aunque la Audiencia ha señalado que sólo se juzgarán los delitos ocurridos en 1989, ya que el resto del tiempo 'sólo cabe hablar de encubrimiento atípico, consecuencias administrativas, pero no penales'.
Inspecciones a otros bancos: En 1990 el Ministerio de Hacienda llevó a cabo un proceso de investigación para sacar a la luz posibles operaciones fraudulentas, al tener constancia de que estos productos servían para ocultar dinero. Entre las primeras entidades a las que se abrieron inspecciones figuraban La Caixa y Bankinter, pero sólo prosperó en el Santander.
En qué consisten las irregularidades. Las miles de operaciones realizadas por el banco con este producto, que reportaron a la entidad unos 430.000 millones de pesetas (2.584 millones de euros) supusieron un perjuicio a Hacienda estimado en 145.120 millones de pesetas (872 millones de euros). Aunque la deuda fue saldada por el banco, se descubrieron irregularidades en 9.566 de estas operaciones, consistentes en el cambio de titularidad del cliente con el objetivo de encubrirle frente a Hacienda. Es decir, el Santander buscó a un buen número de suscriptores de cesiones de crédito una identidad falsa para protegerles frente a Hacienda, por lo que al margen del delito fiscal del cliente, el banco podía haber incurrido en un delito de falsedad y de colaboración necesaria con el fraude.
Botín frente a Palacios: La última vez que Botín acudió a la Audiencia fue el pasado 28 de enero, fecha en la que también tuvo que declarar ante la jueza Palacios como imputado del denominado caso Amusátegui. En este caso, aún abierto, se le acusa a Botín y al ex copresidente José María Amusátegui de pactar el pago de 43,7 millones de euros por anticipar su salida. A este caso se le unió el pago por la prejubilación de Ángel Corcóstegui.
Las fechas determinantes
Abril de 1997: El fiscal Jesús Santos se hizo cargo del caso y elaboró un informe que demostraba que el Santander había ocultado la titularidad de los suscriptores. Santos propuso citar como imputados a Botín, al antiguo consejero Rodrigo Echenique y a toda la comisión ejecutiva del Santander. En junio, Santos abandonó el caso, que fue asumido por el fiscal jefe Eduardo Fungairiño.Junio de 2002: La jueza Teresa Palacios imputa al presidente de la entidad bancaria y a otros cuatro altos directivos de 138 delitos fiscales.Julio de 2002: El SCH impugna el auto y pide sobreseer la causa judicial.Abril de 2003: El fiscal y el abogado del Estado se unen a los abogados del presidente del SCH para pedir a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que archive el caso. Alega que Botín y los ex directivos no tuvieron que ver con los delitos.Junio de 2003: La Audiencia da luz verde a la apertura del juicio oral.