El Tesoro prevé que el reglamento tarde aún 'tres o cuatro meses'
Las cajas de ahorros tendrán que esperar al menos otros tres o cuatro meses para conocer las precisiones del reglamento sobre cuotas participativas que desarrollará la regulación contenida en la Ley Financiera. Así lo aseguró ayer la directora general del Tesoro, Gloria Hernández, quien reconoció que el texto legal definitivo no podrá aprobarse antes del mes de julio,
Gloria Hernández participó ayer en las jornadas Los retos de las cajas de ahorros, organizadas por el Instituto de Fomento Empresarial y Cinco Días.
La directora general del Tesoro justificó este retraso en la necesidad de que el decreto sea 'lo más consensuado posible' para que las cuotas sean un instrumento de financiación efectivo, ya que si existen disconformidades por parte de las entidades emisoras, estas participaciones podrían llegar a no emitirse. Para llegar a ese punto, Hernández reconoció que 'se puede tardar un poco'.
Así, de cumplirse las previsiones de Hernández, la aprobación del reglamento supondría un retraso con respecto a las previsiones del secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, quien a finales del pasado mes de febrero anunció que el reglamento de las cuotas quedaría aprobado antes del verano.
Las cuotas computarán como recursos propios de primera categoría, lo cual posibilitará que las cajas de ahorros dispongan de una nueva fuente de financiación. La CNMV considera las cuotas como un instrumento de renta variable, por lo que deberían cotizar en Bolsa.
Hernández afirmó, además, que la Ley Financiera aprobada por el Gobierno facilitará las fusiones entre entidades de distintas comunidades. La directora general, de hecho, aseguró que sería deseable que las cajas tuviesen un mayor tamaño, lo que incrementaría su competitividad.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha contra varios artículos de la Ley Financiera sobre la regulación de las cajas ahorros.
El Gobierno autonómico presentó en febrero un recurso al considerar que la regulación vulnera el Estatuto de Autonomía de la comunidad. Hace unas semanas, el tribunal también admitió los recursos de la Junta de Andalucía y el PSOE.