Garzón imputa al ex presidente del BBVA por apropiación indebida
Los motivos que el juez Garzón esgrime en su auto para sobreseer las imputaciones a los 19 ex consejeros de la entidad es que los fondos fueron devueltos y no puede hablarse de ocultación a la Hacienda pública, pues el acuerdo de devolución se produjo antes de que venciera el ejercicio fiscal. Por tanto, no hay trascendencia jurídico-penal contra los consejeros con planes de pensiones secretos, incluido el ex vicepresidente y ex consejero delegado Pedro Luis Uriarte.
Por ello, el auto decreta el sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto del ex director general del BBVA Privanza Jersey Manuel López (en lo relativo a los fondos de pensiones), Pedro Luis Uriarte, Ramón de Icaza, José Ángel Sánchez Asiaín, Andrés Vilariño, Fernando Ybarra, Federico Lipperheide, Juan Manuel Zubiría, Luis María Ybarra, Eduardo Aguirre, José Domingo Ampuero, Plácido Arango, Javier Aresti, Luis Lezama, José Lladó, Gervasio Collar, Ricardo Muguruza. Además, se excluye a Alfonso Cortina, presidente de Repsol; Juan Entrecanales, vicepresidente de Acciona, y âscar Fanjul, representante de Alicia Koplowitz. Estos tres consejeros también se vieron obligados a dimitir.
Añade que ha quedado acreditado que los consejeros no tenían conocimiento del origen 'ilícito, irregular o extracontable de los fondos que se constituyeron a su favor'. Destaca que el vicepresidente Uriarte 'mostró su desvinculación de los fondos Alico cuando se le informó de las circunstancias irregulares de su constitución'. Además, en su declaración Ybarra 'exculpa a los demás consejeros'. El juez rechaza así la petición del fiscal anticorrupción, David Martínez Madero, que solicitó la imputación de los 24 consejeros.
Apropiación indebida
El auto especifica que se seguirá la imputación por un presunto delito de apropiación indebida contra 'aquellas personas que además del dominio del hecho (Emilio Ybarra) han tenido una participación activa y necesaria para viabilizar con sus firmas y actuaciones la constitución de los fondos económicos conocidos como fondos Alico'. æpermil;stos son José María Concejo, Luis Bastida y Molinuevo. Añade que también se seguirá investigando al único consejero del banco 'que aún después del conocimiento de las irregularidades, ha dispuesto de parte de esos fondos o ha mantenido disponibilidad hasta la devolución de los mismos'. Se trata del ex consejero Juan Urrutia.
El auto es claro y afirma que la decisión de la constitución de los fondos de pensiones con cargo a cuentas en el exterior (fuera del control del banco) a través de American Life Insurance Company (Alico) 'fue exclusivamente de Emilio Ybarra'.
Se argumenta en la resolución que la constitución de los fondos en el exterior se hizo 'según las órdenes expresas' del entonces presidente del BBV, Emilio Ybarra. Y que 'necesitó de la ayuda imprescindible de tres personas de su máxima confianza'.
Se trata del ex secretario del consejo José María Concejo, quien instrumenta la operación investigada, según el auto; Luis Bastida, ex director financiero y director de gestión de activos, que cooperó en la redacción de los contratos, y el también ex director financiero Rodolfo Molinuevo, que, junto a Bastida, estaba autorizado para disponer de la cuenta en BBVA Privanza Bank en Jersey.
Garzón afirma en la resolución que las explicaciones de Ybarra no justifican la constitución de los fondos, en los que en ningún momento aparece como beneficiario el entonces BBV. Ybarra explicó al Banco de España que la operación se realizó para 'adquirir, mediante personas de absoluta lealtad, una participación en Bancomer (México). La constitución y destino se oculta al copresidente de la entidad Francisco González'. Según se especifica en el auto, ninguna oferta 'se hizo respecto de los fondos de pensiones que justificaran la supuesta finalidad explicada por Ybarra, que posteriormente en su declaración revela como meramente argumental'.
Garzón ha separado en tres piezas distintas los denominados fondos Alico, la investigación por pagos irregulares en Latinoamérica y el caso Privanza Jersey. El juez da cinco días al fiscal y a las acusaciones personadas para que soliciten apertura de juicio oral o el sobreseimiento.