Una juez decidirá en una semana si se prohíbe la venta de tabaco en España
La titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Bilbao decidirá la próxima semana si se paraliza cautelarmente la producción, distribución y venta de tabaco en España, como pide en su demanda la Asociación de Laringectomizados de Vizcaya.
En la vista preliminar celebrada ayer la juez escuchó las alegaciones de las partes para analizar si adopta las medidas cautelares de prohibición del tabaco que se reclaman en la demanda de dicha asociación o si, por el contrario, se seguirá vendiendo este producto.
Según explicó la abogada demandante, Montserrat Vega, dichas medidas se prolongarían hasta que finalice el proceso en el cual se estudiará la petición a las empresas tabaqueras de 500 millones de pesetas al año para las asociaciones de laringectomizados en concepto de indemnización, puesto que consideran que la causa de su enfermedad es el consumo de tabaco. El portavoz de la asociación, Francisco Ruiz de Vergara, comentó al finalizar la vista preliminar que su objetivo es reflexionar sobre "el perjuicio que está causando el tabaco en la sociedad" y que no buscan fines lucrativos personales, sino la financiación de las asociaciones de laringectomizados.
Por su parte, los abogados de las seis compañías demandadas, Altadis, Logista, JTI, Tabacos Canarios, British American Tobacco y Philips Morris, coincidieron en que las medidas cautelares solicitadas son "desproporcionadas" y argumentaron que conllevarían la pérdida de tres billones de pesetas al año en el Estado y pondrían en peligro toda la actividad económica y puestos de trabajo relacionados con el tabaco.
El representante de Philips Morris añadió que la paralización de esta industria afectaría a otras muchas compañías que no han sido imputadas y que, por lo tanto, al no estar presentes, sufrirían una situación de indefensión. En España, 140.000 familias viven de la actividad relacionada con la industria tabaquera desde su cultivo, fabricación, distribución y comercialización.