Interior fijará el cupo de inmigrantes según las necesidades laborales

El Gobierno tiene previsto fijar el contingente de inmigrantes en 2002 ciñéndose exclusivamente a las necesidades de la economía y de los empresarios españoles. Esto supone que, de mantenerse la actual desaceleración económica, el cupo de inmigrantes que podrán venir a trabajar a España el próximo año se reducirá. De hecho, el Ministerio de Interior opina que el mercado está empezando a saturarse.

El delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, indicó ayer que el Gobierno fijará el próximo año el contingente de inmigrantes en función de cómo vaya la economía y las necesidades laborales de los empresarios en los últimos meses del presente ejercicio.

De esto se desprende que, si la economía española mantiene la desaceleración iniciada hace unos meses, las necesidades de mano de obra inmigrante también se reducirán y, en consecuencia, el cupo que fija cada año el Ministerio de Interior también se verá mermado.

En cualquier caso, el contingente anual de extranjeros se conformará también mediante informaciones recibidas desde las comunidades autónomas, los interlocutores sociales y la Administración local. Además, serán los empresarios españoles los que decidan los puestos de trabajo que tendrán disponibles para terceros países, con unos perfiles laborales determinados, dijo el delegado del Gobierno.

Durante una conferencia que ofreció ayer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Fernández-Miranda indicó que en diciembre de 2000 había en España un millón de residentes extranjeros (400.000 comunitarios) y calculó que en el mes de julio esta cifra llegará a los 1,2 millones, llegando a una tasa del 3% de residentes extranjeros sobre la población, frente a una media europea del 5%. Además, señaló que 400.000 inmigrantes cotizan a la seguridad social y 30.000 cobran o han cobrado un subsidio por desempleo.

En función de estos datos, Fernández-Miranda estimó el pasado viernes que el número de residentes extranjeros "se encuentra en el dintel" de lo asumible por el mercado laboral español, lo que hace pensar en cierta saturación de mano de obra inmigrante, según Interior.

Asimismo, el responsable de Extranjería anunció que un total de 68.908 inmigrantes habían presentado a fecha 7 de julio una solicitud para regularizar su situación por razones de arraigo. Este motivo de regularización está vigente desde el pasado 23 de enero, aunque, según reconoció el propio Fernández-Miranda, quizás no haya tenido la difusión adecuada. La regularización por motivos de arraigo pueden solicitarla aquellos inmigrantes que hayan llegado a España antes del 23 de enero y que aleguen una incorporación real o potencial al mercado de trabajo, residencia legal anterior o que tengan un familiar residente legal o español. Este motivo de regularización podrá solicitarse hasta la entrada en vigor del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, que será aprobado en julio y que en la actualidad está siendo estudiado por el Consejo de Estado, según indicó Fernández-Miranda.

Ultima regularización

El delegado del Gobierno para la Inmigración indicó, por otro lado, que en el último proceso extraordinario de regularización se presentaron, a julio del año pasado, 245.000 solicitudes, de los que 150.000 estaban regularizados a diciembre de 2000. En cuanto a la revisión de los expedientes rechazados que únicamente no cumplieran el criterio de no acreditar su presencia en España antes de junio de 1999, señaló que se han revisado 57.766 expedientes, de los que 50.193 se han resuelto, 34.376 favorablemente.

Finalmente, indicó que el Gobierno está "a punto" de concluir los trabajos que permitirán disponer del reglamento de la Ley de Extranjería, que ya ha sido informado favorablemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y está en trámite de recibir informe del Consejo de Estado.

En su opinión, este reglamento podría ser aprobado en este mes de julio, con lo que se cerrará, añadió, el periodo transitorio en cuanto a la aplicación de la ley.