La subida del SMI en la declaración de la renta

La Constitución alude a que “todos” deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Crecen las voces que reclaman que todos los trabajadores tributen para mejorar la conciencia fiscal, elevar la recaudación y, sobre todo, tener más información para políticas sociales

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, escenificó ayer el acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 4,4% en 2025. De esta forma el sueldo más bajo fijado por ley subirá 50 euros al mes hasta los 1.184 euros en 14 pagas.

Díaz compareció junto a los líderes sindicales para suscribir un acuerdo, sin el aval de la patronal, que beneficiará a cerca de 2,5 millones de trabajadores. Desde 2018, el Gobierno ha subido el SMI un 61% mientras que el coste de la vida ha crecido un 23% en el mismo periodo.

Está previsto que hoy el Consejo de Ministros apruebe la subida del SMI sin que el Gobierno aclare si modificará el IRPF para evitar que muchos de los beneficiarios tengan que tributar por la mejora salarial. Hasta ahora cada incremento del SMI venía acompañado de una adaptación del impuesto para evitar consecuencias fiscales para los más precarios.

El asunto se ha convertido en un nuevo campo de batalla entre las dos almas del Ejecutivo. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se muestra partidaria de mantener la estructura actual del impuesto sobre la renta, lo que provocaría que más de medio millón de trabajadores comiencen a tributar. Montero ha evitado pronunciarse en público e insiste en que la decisión no está tomada. Desde su Departamento argumentan que tras el alza en los últimos años de los salarios más bajos en los últimos años han aumentado los ciudadanos afectados por el SMI. El Ministerio de Trabajo se opone y reclama que se aumente el mínimo exento para evitar el golpe fiscal a los empleados más vulnerables.

En esta nueva polémica, cada vez hay más voces que defienden que todos los perceptores de rentas del trabajo deben presentar la declaración de la renta. Aluden al artículo 31 de la Constitución que establece: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad...”.

Muchos explican la importancia de que todos los ciudadanos presenten la declaración para avanzar en la conciencia fiscal, aumentar la recaudación y, sobre todo, recabar información para así desplegar mejores políticas sociales. Extender la tributación a todos los trabajadores permitiría que todos contribuyan al Estado de bienestar y permitiría a las Administraciones aplicar medidas más eficientes para ayudar a las capas más desfavorecidas.

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