Ni trastienda ni pasillos oscuros: por qué regular el ‘lobby’ lo legitima de verdad
La representación de intereses aporta al legislador el conocimiento técnico que necesita para decidir
Un lobista es una persona que intenta que un legislador vote a favor de algo que no comprende, pero de lo que está convencido”. Esta frase del humorista y actor estadounidense Will Rogers durante los días posteriores a un debate del Congreso estadounidense sobre la actividad de los grupos de presión reflejaba con sarcasmo una realidad inherente al proceso legislativo: la brecha de conocimiento técnico que existe en muchos casos ...
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Un lobista es una persona que intenta que un legislador vote a favor de algo que no comprende, pero de lo que está convencido”. Esta frase del humorista y actor estadounidense Will Rogers durante los días posteriores a un debate del Congreso estadounidense sobre la actividad de los grupos de presión reflejaba con sarcasmo una realidad inherente al proceso legislativo: la brecha de conocimiento técnico que existe en muchos casos entre quien aprueba las leyes y los directamente afectados por ellas.
En el contexto actual, la declaración de Rogers evidencia de una manera muy clara lo que supone el trabajo de lobby. No se trata de magia ni de influencias divinas, sino de pedagogía: ayudar a que un responsable público, un diputado o un senador comprenda la complejidad de la red eléctrica o el mercado de derivados antes de apretar el botón. Sin embargo, durante los últimos tiempos en nuestro país se ha alimentado un cliché injusto que equipara este asesoramiento especializado con reuniones de trastienda o pasillos oscuros. Nada más lejos de la realidad.
Por ello, la solución para legitimar esta actividad ante la sociedad no pasa por inventar conceptos extravagantes ni fijar estándares al alcance de unos pocos. La respuesta es mucho más sencilla: iluminar y hacer transparente una realidad profesional que ya existe para desarmar los prejuicios. El ejercicio del lobby es una función legítima, profesional y necesaria en cualquier democracia avanzada. Partiendo del derecho fundamental a la participación política consagrado en el artículo 23 de la Constitución española, la interlocución entre la sociedad civil, las empresas y las Administraciones es una garantía de buen gobierno. Lo único que faltaba en España era un marco estatal que la regulara.
Algo que además ya existe y funciona con éxito muy cerca de nosotros. El Registro de Transparencia de la Unión Europea es un buen ejemplo de que la luz pública no paraliza la interlocución institucional, sino que la profesionaliza. En Bruselas, cualquier ciudadano puede comprobar qué entidades ejercen representación de intereses, qué consultores están acreditados ante las instituciones, con quién se reúnen, qué documentos de posición entregan y hasta qué honorarios perciben por esa labor. Lejos de estigmatizar, esa trazabilidad aporta un sello indispensable de calidad y rigor.
La reciente aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto Ley 21/2026, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, reabre, con carácter urgente y aún sujeto a convalidación parlamentaria, el debate para importar parcialmente ese estándar al ámbito nacional. Se trata de una labor largamente pendiente, con un proyecto de ley en las Cortes Generales, y que debería tener como objetivo dotar a España de un verdadero marco estatal estable, transparente y proporcionado para la representación de intereses.
Establecer registros obligatorios, abrir las agendas públicas y fijar la trazabilidad en la huella normativa supondrían un cambio de paradigma que el sector llevaba tiempo reclamando. Saber con qué responsable público se reúne una consultora o empresa, en qué fecha y qué aportación técnica le entrega no destruye el proceso legislativo o normativo; destruye la sospecha infundada. El Real Decreto Ley 21/2026 crea precisamente un Registro de Grupos de Interés de ámbito estatal y regula la huella normativa.
El lobby profesional, ejercido con rigor y ética, es indispensable para la calidad legislativa. Ningún regulador, por brillante que sea él mismo o su propio equipo, domina la complejidad tecnológica, financiera o industrial de todos los sectores a los que puede afectar su actividad. Escuchar la voz técnica del tejido productivo antes de enviar un texto al Boletín Oficial del Estado es la mejor garantía para evitar la aprobación de normas que no respondan a las necesidades reales de sus destinatarios o para contribuir a que estas les permitan desarrollar su actividad en mejores condiciones.
Una disciplina más amplia
Por eso mismo, la necesidad de contar con reglas claras no responde a un debate teórico. Las recientes polémicas y causas judiciales sobre supuestas intermediaciones opacas confirman los riesgos que implica no delimitar el terreno. La ausencia de un marco legal claro y conocido favorece que bajo la etiqueta general de lobby se intenten hacer pasar conductas que en ningún caso lo son. Frente a esa confusión interesada, la regla debe ser tajante: cualquier actuación que no pueda contarse con luz, taquígrafos y total transparencia, sencillamente, no se hace.
Asimismo, conviene recordar que la interlocución directa con decisores es solo la punta del iceberg de una disciplina mucho más amplia, técnica y rigurosa como los asuntos públicos. El grueso del trabajo profesional reside en preparar al tejido empresarial para operar en entornos regulados complejos: la analítica institucional, la identificación de riesgos regulatorios, la participación en consultas públicas, la articulación de alianzas con la sociedad civil o los estudios de impacto técnico. El lobby directo es solo el último eslabón de toda esa labor previa.
Por eso, cuando esa labor requiere finalmente sentarse con el legislador para trasladar la realidad de un sector, como ironizaba Rogers, hagámoslo con luz y taquígrafos para asegurar que su convicción responda a un conocimiento riguroso del mercado. Regular el lobby es darle el lugar profesional, visible y respetable que le corresponde de principio a fin. Eso sí, para que esa regulación sea útil y, sobre todo, duradera debería construirse con diálogo, proporcionalidad, seguridad jurídica y un respaldo parlamentario amplio.