El CSN y Bruselas allanan al Gobierno la prórroga de Almaraz
La guerra de Ucrania y el bloqueo de Ormuz evidencian la dependencia energética europea
El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio este jueves luz verde a la prórroga de la actividad de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, tal como habían reclamado las compañías eléctricas propietarias de la planta, esto es, Iberdrola, Endesa y Naturgy. La decisión no supone ninguna sorpresa, en tanto su dictamen se limita al ámbito de la seguridad y de la viabilidad técnica. En este punto, en la Revisión Periódica de Seguridad de la instalación, llevada a cabo en 2020, el CSN ya otorgó autorización a la central para operar durante la siguiente década. En consecuencia, ayer se limitó a certificar esos permisos. El dictamen, eso sí, pasa la pelota al tejado del Gobierno, que es quien tiene la última palabra sobre una eventual prórroga de tres años. El calendario nuclear pactado en 2019 señalaba Almaraz como el primer cierre atómico en España, el 1 de noviembre de 2027.
Paradójicamente, no fue el del CSN el único pronunciamiento conocido este jueves que invita al Ejecutivo a replantearse los tiempos y el acuerdo de legislatura suscrito con Sumar en octubre de 2023, que contemplaba un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las plantas españolas entre 2027 y 2035. Con una contundencia llamativa, la Comisión Europea, en el borrador de Plan de Acción de Electrificación adelantado por El País, señala que, en pleno respeto de la prerrogativa de los Estados miembros para determinar su propio mix energético, la extensión de la vida útil de los reactores existentes debería perseguirse salvo que resulte antieconómica o incompatible con los más altos estándares de seguridad.
Al final, Bruselas constata lo evidente. Episodios como la guerra de Ucrania o el reciente bloqueo de Ormuz dentro del conflicto abierto por Estados Unidos con Irán han escenificado la dependencia energética de los países europeos, un argumento para, al menos, hilar fino y hacer un buen análisis del coste-beneficio de prescindir de fuentes de energía consolidadas y de largo aliento temporal en la composición del mix.
Además de las servidumbres geoestratégicas, conviene sopesar lo que hay en juego para la ciudad, de la que dependen unos 4.000 empleos, muchos de ellos de alto valor añadido. También las necesidades de un sistema en entredicho a raíz del apagón del 28 de abril de 2025. Suficiente para que, al menos, se entienda una moratoria para la decisión.